Luego de que la empresa estatal Impulsa Mendoza y la Dirección de Minería le pidieran a la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la UNCuyo el estudio técnico de la evaluación de impacto ambiental del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental, a la Fiscalía de Estado ingresaron un par de denuncias.
Le pedían al fiscal Fernando Simón, que en su rol de custodio de los bienes del Estado, investigara porqué la resolución de Impulsa no había sido publicada en el Boletín Oficial, lo que impedía -según los denunciantes- el acceso a la información pública. Y puntualmente Eduardo Sosa, uno de los que presentaron cuestionamientos, marcó que la iniciativa que se había presentado no cumplía con la ley, porque omitía “una descripción del proyecto y el ecosistema en que se haría la actividad”.
El ex funcionario de Ambiente, cuestionó que se hubiera pedido “un estudio general para un área muy extensa con una simulación de posibles combinaciones simultáneas de hasta 8 proyectos de un total de 33 en estudio, lo que no atiende la especificidad de cada proyecto”.
Otras denuncias en la Fiscalía de Estado
También ingresaron a la fiscalía otras 2 denuncias más -una de ellas con 24 firmas que la avalaban- por presuntas irregularidades al tramitar un único informe de impacto ambiental de todos esos proyectos mineros.
Hay que recordar que este primer estudio técnico al que se abocó la facultad de la UNCuyo supone analizar el estudio de impacto ambiental de 34 proyectos, comprendidos en el polígono denominado Malargüe Distrito Minero Occidental, una zona que comprende 20.000 km2 de extensión, localizada en la misma faja geológica que alimenta los grandes yacimientos de cobre de Chile.
Sosa también marcó que dentro de ese polígono “existen áreas naturales protegidas” lo que a su entender exige un dictamen del Iadiza, el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas.
Fuente: Diario Uno
