La Dirección de Gestión Ambiental del municipio de Malargüe quedó en el centro de la polémica tras la difusión de una notificación interna que exige a más de quince trabajadores el pago individual de $2.235 para cubrir el costo de una lona extraviada en la Cubierta Sanitaria. El monto total reclamado asciende a $38.000 y debía ser transferido a una cuenta bancaria personal de la directora del área, Amalia Ramires, según detalla el documento oficial firmado por ella misma.
Dicha medida trascendió rápidamente a medios provinciales, y generó un profundo rechazo en la comunidad y entre sectores políticos. La notificación, dirigida al personal “garitero”, no sólo responsabiliza colectivamente a los empleados por la pérdida del material municipal, sino que además establece que de no cumplir con el pago dentro del plazo fijado (del 1 al 10 de junio), serían pasibles de sanciones. No se menciona la apertura de ninguna investigación interna ni procedimiento administrativo previo.
Desde Malalweb, consultamos a la concejal Silvina Camiolo, quien manifestó su preocupación por esta y otras situaciones que, según indicó, vienen siendo denunciadas de manera informal desde el inicio de la gestión de la actual directora:
“El malestar por las acciones de la directora viene desde hace meses. Hay empleados que hablaron de malos tratos, acoso, licencias reiteradas y pedidos de cambio de área. Incluso hemos tenido que intervenir personalmente en el vivero. Lo de la lona superó todo, porque no se investigó, se responsabilizó a todo el personal sin pruebas y se les exigió que depositen en una cuenta personal. Es gravísimo”, expresó.
Asimismo, la edil confirmó a Malalweb, que en el listado está incluido un garitero que se encontraba con parte de enfermo pero igual fue mencionado en la circular.
Camiolo también señaló que desde el Honorable Concejo Deliberante se avanzó con una pieza legal de doble alcance: por un lado, un pedido de informes al intendente Celso Jaque y, por otro, una solicitud de intervención ante dos organismos provinciales: la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública y el Tribunal de Cuentas de Mendoza.
¿Es legal este tipo de medida?
Según información a la que pudimos acceder desde nuestro medio, desde el punto de vista jurídico, la práctica de exigir pagos a empleados por pérdidas materiales sin un sumario administrativo previo ni resolución fundada podría contravenir varias normativas vigentes en Argentina.
En particular, el Estatuto del Empleado Público de Mendoza (Ley 5126) establece que ante la presunta responsabilidad patrimonial de un agente público, debe instruirse un sumario administrativo para determinar los hechos y permitir el derecho a defensa, y sólo una vez concluido dicho proceso puede imputarse responsabilidad civil o administrativa.
Además, la exigencia de depósitos en una cuenta personal y no institucional podría ser interpretada como una irregularidad grave en el manejo de fondos públicos, lo que justificaría la intervención del Tribunal de Cuentas.
El caso también podría estar en contradicción con normas nacionales como la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (Ley 25.188), que impone estándares de conducta, transparencia y rendición de cuentas para los funcionarios públicos.
Por el momento, no se ha informado si existe una denuncia formal por parte de los trabajadores afectados, aunque algunos concejales señalan que hay temor a represalias.
Desde el Ejecutivo municipal aún no se ha emitido una declaración oficial sobre el tema, aunque se espera que la situación sea tratada en el Concejo Deliberante.
