En el marco de las medidas de fuerza realizadas por empleados municipales durante los días 6 y 7 de agosto en reclamo de un aumento salarial, en diálogo con este medio el titular de ATE Benito Martínez expresó el malestar por la situación de los pagos irregulares.
Martínez advirtió que parte de los ingresos de los empleados se componen de bonos no remunerativos o sumas “en negro”, cuya continuidad no está garantizada. También denunció una marcada desigualdad interna entre áreas municipales, destacando que en dependencias como Obras y Servicios Públicos se pagan adicionales que, según el gremio, no se liquidan como horas extras.
En ese marco, lanzó una dura crítica a la gestión municipal: “Es como si hubiesen dos municipalidades paralelas, la de Celso Jaque y la de José Barro. La secretaria de José Barro le está pagando ‘ítem mayor dedicación’, pero tienen que estar metidos todo el día en la municipalidad. El intendente dice que tiene que ajustar, pero el ajuste debería ser para todos”.
Además Martínez, recordó que el paro fue legalmente comunicado y tuvo como objetivo visibilizar la situación económica de los trabajadores municipales, especialmente de quienes tienen poca antigüedad. “Una persona ingresante, con menos de tres años de antigüedad, cobra alrededor de 280.000 pesos mensuales. Hoy, un alquiler de una vivienda pequeña puede superar los 320.000 pesos. Es insostenible”, señaló.
La protesta, convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), tuvo un nivel de adhesión variable, con mayor concurrencia durante la primera jornada.
Detención durante la protesta
El dirigente gremial también contó que, durante la jornada del miércoles, él y Marcelo Valles, integrante de la comisión directiva de ATE, fueron demorados por la policía mientras protestaban en el edificio municipal. “Nos detuvieron arbitrariamente y la policía nos dijo que había sido por orden del intendente, para que desalojaran el municipio. Estábamos ejerciendo un derecho que tenemos todos los trabajadores, no estábamos ocupando ni dañando el lugar. Fue un accionar innecesario”, afirmó. Indicó que ya intervino un abogado y que se evaluarán los pasos legales a seguir.
Desde ATE manifestaron preocupación por la falta de propuestas concretas del Ejecutivo local. “No hemos recibido ni una oferta. En otros municipios se han hecho ofrecimientos, aunque insuficientes, pero en Malargüe no hubo diálogo”, sostuvo Martínez.
Finalmente, adelantó que, de no obtener respuestas, se evalúa una nueva medida de fuerza para la próxima semana, que podría extenderse por 72 horas.
