En la última sesión del HCD, Mauro Montiveros hizo uso de la Banca del Ciudadano, donde presentó una propuesta orientada a implementar un sistema de capacitación para funcionarios en torno a las principales leyes que regulan la administración pública.
Durante su exposición, Montiveros explicó que la iniciativa surgió a partir de su propia experiencia en la gestión pública, en la que —según relató— atravesó situaciones en las que consideró vulnerados sus derechos laborales. Como por ejemplo que no se le respete el derecho de carrera bajo el razonamiento de que ya se le había negado anteriormente a otro empleado y que tiempo después cuando fue adscrito al poder judicial se le negó dicho pase.
A raíz de estas vivencias, señaló que detectó un desconocimiento generalizado de las normativas por parte de muchos funcionarios. “La mayoría de los funcionarios creen conocer las leyes, pero en realidad las desconocen”, indicó. Montiveros explicó que muchas veces se utiliza la palabra ignorante como un insulto cuando en realidad todos ignoramos algo: “Al admitir que no sabemos algo, deberíamos asumir que se trata de ignorancia y capacitarnos”, expresó.
Montiveros, estudiante avanzado de Recursos Humanos, fundamentó su propuesta en distintos marcos normativos, entre ellos el Estatuto Escalafón de la provincia de Mendoza (Ley 5892), la Ley de Ética Pública (Ley 25.188), el Decreto 41/99, que aprueba el Código de Ética del Funcionario Público, y el Régimen Disciplinario 560/63, que regula sanciones y procedimientos en la función pública.
En particular, hizo referencia a los artículos 14, 15 y 16 de la Ley de Ética Pública, que establecen respectivamente: la exigencia de idoneidad en la selección de funcionarios, la obligación de capacitación para garantizar un servicio de calidad y el deber de respetar la Constitución, las leyes y reglamentos que rigen la actividad.
El ciudadano planteó que las capacitaciones, tradicionalmente enfocadas en los empleados, deberían incluir también a los funcionarios, dado que “ellos también son servidores públicos”. Su propuesta consiste en un programa de formación inicial en cinco normativas clave, acompañado por la creación de un Consejo Evaluador integrado por representantes del Concejo Deliberante, el sindicato de empleados, un ciudadano y un profesional de la psicología que colabore en el diseño de evaluaciones.
Los miembros del Concejo Deliberante agradecieron unánimemente la propuesta y aseguraron que Montiveros formará parte del futuro tratamiento de la posible pieza legal en comisión, como autor del proyecto. La concejal Silvina Camiolo sugirió que el planteo pase a la comisión de H.P.L.A.C. (Hacienda, Presupuesto, Legislación y Asuntos Constitucionales) y recordó que, a raíz de la nueva ley provincial de empleados públicos, las autoridades también deberán capacitarse. Por su parte, el concejal Martín Palma advirtió que, en ocasiones, el desconocimiento de los funcionarios podría haber derivado en juicios laborales cuyos costos terminan siendo asumidos por el municipio.
