En una situación que habría generado preocupación y controversia, los propietarios de un inmueble ubicado en Av. Rufino Ortega 778, en la ciudad de Malargüe, denunciaron públicamente que la sede local de PAMI ocupa su propiedad de manera indebida desde hace más de un mes, sin contrato vigente ni pago alguno por los días de uso. Según los dueños, ambos jubilados que dependen del ingreso del alquiler, esta situación no solo afecta su economía personal sino que también atenta contra su derecho a la propiedad privada. Asimismo, se expuso una problemática que podría generar consecuencias graves en la prestación de servicios para los jubilados de la zona.

El contrato de locación del inmueble venció el 31 de agosto de 2025, según consta en la documentación recibida por este medio. Según los propietarios, si bien se trataba de un acuerdo que consideraban “viejo y desfavorable económicamente”, ya que PAMI pagaría un alquiler mensual de poco más de cien mil pesos, un monto que los dueños califican como “irrisorio para los valores actuales del mercado y las características de la propiedad”. Según la entrevistada, una de las propietarias, contó a Malalweb que ellos cumplieron en tiempo y forma con el mismo, sin pedir compensación alguna y acatando lo firmado entre las partes. Pero ante ello, señalaron que “desde PAMI si hubo incumplimientos en los plazos de pago estipulados en el contrato, que establecía que el alquiler debía abonarse hasta el día 10 de cada mes superando en ocasiones dos meses de mora y peor aún, llegando a esta situación en la que no hemos podido recuperar el inmueble vencido el contrato“, afirmó.

Respecto a la renovación del contrato, desde el mes de junio, los dueños de la propiedad estarían intentando, al parecer en reiteradas ocasiones, entablar un diálogo con la Unidad de Gestión Local (UGL) IV Mendoza de PAMI, con el objetivo de seguir alquilandoles y garantizar la continuidad del servicio a los jubilados que dependen de la sede. Sin embargo, denuncian públicamente que sus propuestas fueron ignoradas y/o postergadas, hasta que finalmente se alcanzó el vencimiento del contrato sin resolución alguna.

A pesar del vencimiento contractual, los propietarios aseguran que “la sede de PAMI Malargüe continúa operando en el inmueble sin autorización legal ni compensación económica y sin realizar mantenimiento y ciertas reparaciones en la propiedad.”, sostuvo la mujer.

De acuerdo al testimonio de una de las propietarias, el 31 de agosto, los propietarios acudieron a las instalaciones de la misma para proceder con la entrega de llaves por parte de PAMI, pero según sus declaraciones, la encargada de la institución, Sra. M. Angélica Lodi, les informó que “no tenía conocimiento de la situación” y que el tema estaba siendo manejado desde Mendoza. Por su parte, la Dra. Fernanda Kauffman, también vinculada a la UGL IV Mendoza, les habría indicado que no había novedades desde “nivel central” y que, si los propietarios deseaban iniciar acciones legales, estaban en su derecho de hacerlo. “Ninguna de las mencionadas se disculparon por la desidia administrativa y el atropello abusivo de nuestra propiedad”, alegaron los dueños.

Falta de respuestas y evasivas de funcionarios

En busca de una solución, los propietarios presentaron notas formales a distintas autoridades, incluyendo al Intendente Celso Jaque y al área de Catastro de la Municipalidad de Malargüe, pero aseguran no haber recibido respuesta alguna. También mencionaron haber intentado comunicarse con varios funcionarios de PAMI, entre ellos Mirtha García, la abogada M. Fernanda Kauffman, el abogado Guido Ignacio Carcedo, el contador Walter Fernández y el director provincial de PAMI Mendoza, Sr. David Litvinchuk.

Según los denunciantes, Litvinchuk les habría prometido resolver la situación con celeridad, pero hasta la fecha no han recibido ninguna propuesta concreta. Incluso, afirman que realizaron un último ofrecimiento conciliatorio, presentado con fecha límite el 6 de octubre, el cual tampoco fue respondido.

Los propietarios calificaron el accionar de PAMI como un caso de “gravedad institucional severa” y advirtieron que continuarán utilizando todas las herramientas legales a su disposición para recuperar su propiedad y obtener las compensaciones económicas correspondientes. Adicionalmente, hicieron un llamado al Estado y a las autoridades competentes para que intervengan de manera inmediata y brinden una solución definitiva al conflicto.

También manifestaron haber agotado todas las instancias disponibles para alcanzar una resolución que minimice cualquier impacto negativo sobre la población de jubilados local, reconociendo la importancia de priorizar a este grupo vulnerable dentro de las políticas públicas y la gestión de los gobiernos en ejercicio, pero denuncian que la falta de respuestas y la dilación de las autoridades de PAMI provocaron un perjuicio económico significativo para ellos, quienes también son jubilados y dependen del ingreso del alquiler para su sustento diario.

“Cada día que transcurre sin una resolución a esta problemática agrava el perjuicio ocasionado, tanto en términos económicos como emocionales. Además de no percibir el pago correspondiente por la ocupación indebida y de enfrentar gastos por falta de mantenimiento y reparaciones en el inmueble, debemos lidiar con la desidia, falta de profesionalismo y seriedad por parte de los responsables al frente de instituciones gubernamentales, quienes, en virtud de sus funciones, deberían actuar con ejemplaridad y apego a los principios éticos y legales que rigen su gestión, es de una gravedad severa el atropello que están realizando ante un bien privado, escudándose que están a la espera de una respuesta administrativa ejercen el abuso y la ocupación indebida sin pagos ni contrato alguno”, expresaron los propietarios en diálogo con Malalweb.

Asimismo, fueron claros en remarcar que esta situación no solo afecta sus derechos como ciudadanos y propietarios, sino que lo que más inquietud genera es que esta desidia ampliaría la desprotección que ya padecen los jubilados que necesitan los servicios del PAMI en Malargüe.

“No queremos que esta situación genere un perjuicio para los afiliados, razón por la cual hemos mantenido contratos abusivos por parte de PAMI los años anteriores y nos hemos adaptado a falta de pagos. Profundamente nos apena esta condición, pero la situación ya es insostenible y es necesario que las autoridades tomen cartas en el asunto de manera urgente. Deben respetar las leyes y derechos de todos”, señalaron para finalizar.