En diálogo con Malalweb, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo, Gabriel Barroso, dio su versión tras la decisión del Congreso de la Federación Sindical de Petroleros, que este jueves votó por más del 80% su expulsión y anticipó una denuncia penal en su contra.

Barroso rechazó la medida y afirmó que el conflicto surge luego de que él detectara “irregularidades administrativas” dentro de la Federación. Según explicó, el gremio de Cuyo —que conduce y que es el de mayor cantidad de afiliados dentro de la estructura nacional, de acuerdo a sus declaraciones— había otorgado poderes operativos al tesorero y al secretario adjunto, ambos radicados en Buenos Aires. Barroso indicó que, al revisar documentación en los últimos meses, observó movimientos que “no coincidían” con lo establecido por el Consejo Directivo.

Entre esos puntos, señaló que ambos dirigentes “se habían aumentado los sueldos tres o cuatro veces más que el resto de la conducción sin autorización del cuerpo”. Aseguró también que detectó “recursos que salían sin la documentación correspondiente”, lo que motivó su pedido formal de realizar una auditoría interna.

“Cuando pido la auditoría, empiezan las diferencias. Yo soy el secretario general y hago el planteo delante de todo el Consejo Directivo”, sostuvo. Barroso señaló que, tras esas objeciones, tuvo dificultades para acceder a los resúmenes bancarios de la Federación, pese a ser —según dijo— el titular de los poderes institucionales. “Me imposibilitaron entrar a los bancos, no para disponer dinero, sino para obtener información necesaria para la auditoría”, afirmó.

Cuestionamientos al proceso interno

El dirigente cuestionó también las convocatorias a reuniones y procesos internos posteriores. Indicó que lo notificaron de una reunión “un día después” de haberse realizado, instancia en la que —según afirmó— la Federación argumenta que él no se presentó a defender su posición.

Respecto del congreso que resolvió su expulsión, Barroso aseguró que contaba con una medida cautelar que ordenaba no avanzar con ese encuentro. “El juez dispuso que no se hiciera, pero lo realizaron igual”, expresó.

Barroso informó que presentó denuncias penales y acciones cautelares vinculadas al manejo de la Federación y al proceso de suspensión y expulsión. Dijo estar a la espera de nuevas resoluciones judiciales “que permitan revisar lo actuado”.

Despidos y medidas gremiales

Consultado por los cuestionamientos que lo responsabilizan por la pérdida de puestos de trabajo en Mendoza, el dirigente negó haber actuado de manera pasiva frente al retiro de YPF de las áreas maduras. “Se nos atribuyen más de 500 despidos, pero todas las organizaciones del sector perdieron trabajadores. Nosotros hicimos medidas de fuerza, reuniones con el Gobierno y todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.

También defendió las negociaciones salariales en yacimientos, al señalar que los acuerdos firmados replican lo pactado a nivel nacional. “Nadie iba a firmar algo distinto para Cuyo, donde el universo de trabajadores es menor respecto de otras regiones”, dijo.

Situación en Mendoza y rol gremial

Barroso mencionó obras gremiales, servicios y prestaciones como parte del respaldo a su gestión. “La mejor referencia sobre el trabajo de un dirigente es lo que recibe la gente. En estos años el gremio ha crecido y los compañeros lo pueden comprobar”, afirmó.

Cómo sigue el conflicto

El secretario general de Cuyo señaló que continuará actuando desde su sindicato, que tiene personería propia y jurisdicción en tres provincias. “Tenemos mandato hasta 2027 y seguimos trabajando con normalidad. La Federación es un espacio al que podemos estar adheridos o no”, indicó.