Alumnos, docentes, familias y vecinos se movilizaron en Malargüe para manifestar su rechazo a la decisión de la Dirección General de Escuelas (DGE) de cerrar dos divisiones en la Escuela Técnica 4-228 Ingeniero Eugenio Izsaky. La medida contempla el cierre de un 1° y un 6° año del sector Electromecánico, lo que generó preocupación en la comunidad educativa por el impacto en la matrícula, las condiciones de cursado y las fuentes laborales.

La resolución oficial sostiene que el cierre responde al “desgranamiento de la matrícula institucional” y a la proyección de estudiantes promocionados, por lo que se considera “técnica y administrativamente necesaria” la eliminación de ambas divisiones. Sin embargo, desde la comunidad educativa aseguran que la situación descripta en el documento no refleja la realidad del establecimiento.

Durante la movilización se pudo observar la presencia de alumnos, familias y vecinos que acompañaron el reclamo, además de representantes del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). También participó la regente titular de la institución, Silvana Fernández, quien acompañó la convocatoria, aunque no pudo brindar declaraciones debido al estado emocional que atravesaba ante la situación que afecta a docentes y estudiantes.

Según la información recabada, la medida impactaría directamente en el personal docente. Ocho profesores titulares quedarían en situación de disponibilidad y reubicación, conforme a lo establecido en el Estatuto del Docente, mientras que alrededor de quince suplentes perderían las horas que actualmente desempeñan en esos cursos.

Una de las docentes suplentes afectadas describió el momento como “muy angustiante”. Explicó que desde la institución se venía solicitando la apertura de otro curso de primer año por la demanda existente, pero finalmente se encontraron con la notificación del cierre de una de las divisiones.

Otro de los puntos señalados por la comunidad educativa es la capacidad de las aulas. Según indicaron, las salas están diseñadas para albergar un máximo de 24 estudiantes, mientras que con la reorganización de los cursos algunos grupos podrían superar los 30 alumnos, lo que generaría dificultades pedagógicas y edilicias.

Familias que participaron de la movilización también expresaron su preocupación. Laura Di Pascua, madre de un exalumno y una de las impulsoras históricas del pedido por el nuevo edificio escolar, cuestionó la decisión. Señaló que la institución cuenta con 139 alumnos en lista de espera y denunció que incluso hubo familias que no pudieron inscribirse debido a la alta demanda.

“La escuela funcionó durante años en una casa adaptada, con limitaciones de espacio. Después de mucha lucha logramos el edificio nuevo y ahora nos encontramos con el cierre de cursos”, expresó.

Los estudiantes también manifestaron su inquietud por los cambios que deberán afrontar. Valentino y Nelson, alumnos de primer año, contaron que la decisión implicará que uno de ellos deba cambiar de turno, lo que modificará su rutina escolar.

“Es injusto que nos separen y que los cursos se llenen tanto, porque así se dificulta el aprendizaje”, señaló Nelson. Por su parte, Valentino agregó que su curso tenía 19 alumnos y que ahora deberá adaptarse nuevamente a un grupo diferente.

Entre los estudiantes de sexto año también se evidenció preocupación. Nahuel explicó que su grupo fue reunido en una sola aula pese a que comparten el mismo curso desde hace varios años y recordó que anteriormente la escuela funcionaba en un espacio reducido, lo que condicionaba la matrícula permitida.

Desde el Centro de Estudiantes, la vicepresidenta Micaela Olate indicó que la organización de la protesta surgió de manera conjunta entre alumnos, docentes y padres. Según expresó, la decisión afecta tanto a estudiantes que ya cursan en la institución como a quienes esperaban ingresar.

“La escuela tiene cursos pensados para un máximo de 24 estudiantes y ahora quieren superar ese número. Además, hay familias que no pudieron inscribir a sus hijos porque se dijo que no había lugar, y al mismo tiempo se decide cerrar un primer año”, sostuvo.

En la misma línea, Natalia Moya, docente y madre de alumnos del establecimiento, cuestionó la forma en que se comunicó la medida y consideró que la falta de matrícula “no es un sustento válido” para cerrar cursos. Además, destacó que la institución se caracteriza por brindar una enseñanza cercana y personalizada.

“Conocemos las trayectorias de nuestros alumnos y el vínculo pedagógico es muy importante. Es muy triste lo que ha pasado”, expresó.

La comunidad educativa adelantó que continuará visibilizando el reclamo y solicitó que las autoridades revisen la decisión para evitar el cierre de los cursos y garantizar tanto las condiciones de aprendizaje de los estudiantes como las fuentes laborales de los docentes.