En la edición de este jueves 23 de abril de 2026 del Boletín Oficial de la provincia de Mendoza, el Gobierno provincial publicó un decreto mediante el cual se resolvió aplicar la sanción de cesantía al médico Pedro Martín Seput Yactayo, tras la tramitación de un sumario administrativo iniciado en 2023.
La medida se fundamenta en una serie de hechos investigados en el expediente administrativo, donde se concluyó que el profesional incumplió sus funciones durante una guardia en el Hospital Malargüe. Según se detalla, el médico debía presentarse a las 8:00, pero lo hizo pasadas las 10:30 y en aparente estado de ebriedad, lo que le habría impedido desempeñar correctamente sus tareas. Además, se consignaron conductas inapropiadas durante el servicio, incluyendo un incidente con una enfermera que derivó en una causa penal por abuso sexual simple.
De acuerdo con el decreto, el accionar del profesional constituyó una transgresión a diversas normativas que regulan la actividad médica en el ámbito público, entre ellas el Decreto Ley Nº 560/73, la Ley de Carrera Profesional Nº 4872 y el Convenio Colectivo de Trabajo de los Profesionales de la Salud (Ley Nº 7759). Estas infracciones fueron consideradas de gravedad suficiente para encuadrar en el régimen disciplinario vigente.
Durante el proceso, el imputado solicitó la suspensión del sumario hasta tanto quedara firme la sentencia penal en su contra. Sin embargo, la instrucción rechazó el planteo al sostener la independencia entre las esferas administrativa y judicial, señalando que el desarrollo del proceso penal no condiciona la resolución del procedimiento administrativo.
Asimismo, distintos órganos intervinientes, como el instructor sumariante y el Consejo Deontológico Médico, coincidieron en recomendar la sanción de cesantía, al considerar acreditados los hechos imputados. Si bien la Junta Provincial de Reclamos y Disciplina sugirió suspender el trámite hasta la definición judicial, el Poder Ejecutivo avanzó con la resolución definitiva.
Finalmente, el decreto establece la cesantía del profesional por haber infringido las disposiciones vigentes y ordena la notificación a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública de Mendoza, cumpliendo con los procedimientos formales correspondientes.
