El colectivo de discapacidad de Malargüe convocó a la comunidad a una manifestación para visibilizar la crítica situación que atraviesan las personas con discapacidad y las instituciones que las acompañan. La convocatoria se enmarca en el tratamiento en el Senado del proyecto de ley 109/26, una iniciativa que genera fuerte preocupación en el sector por los cambios que introduce en el abordaje de la discapacidad.
En declaraciones a medios locales, Desirée Satorres, referente del Centro Integrado y del colectivo de personas con discapacidad, cuestionó el enfoque del proyecto al considerar que “retoma conceptos obsoletos” al definir a las personas con discapacidad bajo el término de “invalidez laboral”. Según explicó, esto implicaría que solo quienes no puedan realizar ninguna actividad accedan a una pensión, lo que excluiría a un amplio sector que hoy cuenta con ese derecho.
Satorres también advirtió sobre posibles modificaciones en el sistema de prestaciones, particularmente en relación con las obras sociales. Señaló que, de aprobarse el proyecto, cada entidad podría fijar de manera unilateral los valores de los tratamientos, lo que —según indicó— pondría en riesgo la igualdad en el acceso a servicios esenciales. “Se pierde la base de igualdad, porque se transformaría en una negociación entre prestadores y obras sociales”, sostuvo.
Otro de los puntos cuestionados es la posibilidad de un reempadronamiento masivo de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En ese sentido, remarcó las dificultades actuales para acceder a turnos y la saturación de las juntas evaluadoras en todo el país. “No se puede suspender un beneficio hasta tanto se vuelva a certificar la discapacidad. Es una situación muy grave”, expresó.
Por su parte, Eliana Perea, directora del Centro de Día Recrear, describió el complejo panorama que enfrentan las instituciones. Indicó que desde octubre del año pasado se registran demoras o interrupciones en los pagos de prestaciones, especialmente en el programa Incluir Salud, lo que habría generado un fuerte impacto en el funcionamiento de los espacios.
“Se volvió muy difícil sostener las instituciones. Hay profesionales que no están cobrando o reciben pagos parciales, y hemos tenido que suspender el servicio de comedor por falta de recursos”, explicó. Además, señaló que muchos centros a nivel nacional han tenido que cerrar debido a la crisis financiera del sector.
Perea agregó que actualmente trabajan con una capacidad reducida y priorizando prestaciones básicas. “Estamos funcionando al 50%, tratando de garantizar lo mínimo indispensable para los chicos”, afirmó, y destacó que en muchos casos la asistencia alimentaria que brindaban era fundamental para las familias.
Desde el colectivo remarcaron la importancia de la participación de toda la comunidad en la convocatoria, al considerar que la discapacidad es una condición que puede atravesar a cualquier persona en algún momento de su vida. “No es un tema de un sector, es una realidad social que nos involucra a todos”, concluyeron.
