Referentes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizaron este martes un operativo en Malargüe con el objetivo de atender consultas y reclamos de adjudicatarios vinculados a escrituraciones, refinanciación de deudas y situaciones irregulares en viviendas sociales. La atención estuvo encabezada por Jorge Pérez, referente del Valle de Uco, y Fabricio Maróccolo, representante de la zona sur de Mendoza.
Durante la jornada, los funcionarios explicaron que uno de los principales temas abordados fue la demora en las escrituras de distintos barrios del departamento. Según detallaron, existen viviendas totalmente canceladas cuyos propietarios aún no pueden escriturar debido a problemas administrativos relacionados con planos definitivos o documentación pendiente.
En ese sentido, Pérez indicó que actualmente hay nueve barrios de Malargüe bajo análisis y que en al menos cuatro ya se trabaja para avanzar en la regularización. Además, aseguró que el IPV mantiene reuniones conjuntas con el municipio para intentar destrabar situaciones históricas que afectan a varios sectores habitacionales.
El funcionario señaló que muchos vecinos aprovecharon el operativo para plantear reclamos puntuales sobre barrios como el Martín Güemes, donde los adjudicatarios buscan completar el proceso de escritura después de años de espera. “Lo que queremos es que la gente pueda finalmente escriturar y cerrar el círculo de la vivienda”, sostuvo Pérez durante la atención realizada en el departamento.
Otro de los temas centrales fue la morosidad en el pago de las cuotas habitacionales. Desde el IPV explicaron que el sur mendocino presenta altos niveles de deuda y que durante el operativo se ofrecieron alternativas de refinanciación para que los adjudicatarios puedan regularizar su situación.
Fabricio Maróccolo explicó que el organismo busca priorizar acuerdos de pago antes de avanzar en procesos de desadjudicación o desalojos. Por ese motivo, pidió a los vecinos acercarse al IPV para manifestar voluntad de pago y acceder a planes acordes a cada situación económica.
Además, los representantes del instituto aclararon dudas frecuentes relacionadas con el alquiler de viviendas adjudicadas. Según indicaron, el IPV no permite alquileres informales ni el uso turístico de las casas sociales, aunque sí contempla situaciones especiales mediante autorizaciones previas.
En esos casos, el adjudicatario debe presentarse ante el organismo, explicar el motivo del traslado o ausencia y completar un formulario de préstamo de uso o contrato autorizado. Desde el IPV remarcaron que el objetivo es evitar irregularidades y mantener control sobre el destino de las viviendas.
“No queremos clandestinidad ni un comercio con las viviendas”, explicó Maróccolo, quien aclaró que el organismo dispone de herramientas administrativas para quienes, por razones laborales u otras circunstancias, deban mudarse temporalmente fuera de Malargüe.
