OPINIÓN | Concejal Silvina Camiolo

En esta columna, la edil analiza el rol de la actividad agrícola como generadora de empleo y plantea la necesidad de incorporar al sector a las políticas de desarrollo productivo del departamento.

En diciembre de 2025, el intendente de Malargüe decidió no renovar los contratos de locación de servicios que vencían a fin de año por razones financieras. El Municipio nunca comunicó con claridad una cifra definitiva de personas alcanzadas por la medida. Se habló de alrededor de 300 trabajadores y trabajadoras.

El impacto fue notorio. No se trataba solamente de una decisión administrativa o de una reestructuración de la planta municipal. Detrás de cada contrato había una familia, una economía doméstica y, en muchos casos, un ingreso que sostenía necesidades básicas.

Hace pocos días, algunos de esos trabajadores llegaron al Concejo Deliberante a pedir trabajo genuino. Y hubo algo que me llamó especialmente la atención. Les pregunté cómo habían podido sostenerse durante estos más de ocho meses. La respuesta se repitió: trabajando en el sector agrícola.

Y ahí apareció una pregunta que creo que como comunidad tenemos que hacernos. Si una parte importante de las personas que quedaron afuera del Municipio pudo atravesar estos meses porque encontró una oportunidad de trabajo en la actividad agrícola, ¿no estamos frente a una señal que deberíamos estar mirando con mucha más atención?

No digo que la agricultura haya resuelto el problema. Tampoco que todos hayan conseguido trabajo allí. Digo algo más sencillo: en medio de una crisis laboral importante, hubo un sector que, al menos para algunas familias, funcionó como una especie de amortiguador social.

Y cuando una actividad económica tiene capacidad para absorber mano de obra en momentos de crisis, eso debería despertar interés en cualquier gobierno que pretenda planificar el desarrollo. Porque una política pública no debería aparecer solamente cuando el problema ya explotó. Debería anticiparse.

Si sabemos que el empleo público municipal no puede seguir funcionando como el principal mecanismo de contención laboral de nuestra sociedad, dónde tenemos un empleado cada 20 habitantes 7 —y si el propio Ejecutivo decidió reducir esa estructura por razones financieras— entonces tenemos que preguntarnos qué actividades productivas estamos fortaleciendo para que puedan generar empleo genuino. Y ahí es donde encuentro un vacío.

Revisando las herramientas de planificación y el Presupuesto Municipal 2026, no encuentro una política integral y explícita de promoción de la actividad agrícola como estrategia de generación de empleo y diversificación económica. El presupuesto aprobado contempla más de $43.556 millones para la administración y el desarrollo del departamento, pero la discusión pública sobre desarrollo productivo debería preguntarse cuánto de ese esfuerzo está destinado a generar condiciones para que quienes hoy necesitan trabajar puedan encontrar oportunidades fuera del Estado.

Esto no significa desconocer las dificultades que atraviesa el sector agrícola. Al contrario. Este año solicité la incorporación de Malargüe al régimen provincial de Emergencia Agropecuaria y Desastre Agropecuario, luego de los daños provocados por precipitaciones, desbordes e inundaciones en distintas zonas productivas.

Es decir: tenemos un sector que puede generar trabajo, pero que también enfrenta riesgos climáticos, dificultades de infraestructura y problemas productivos que requieren acompañamiento. Entonces la pregunta debería ser: ¿qué estamos haciendo para que ese potencial no dependa solamente del esfuerzo individual de los productores?

Porque promover la agricultura en Malargüe no significa regalar dinero. Significa pensar políticas: acceso y mantenimiento de caminos rurales, limpieza y mantenimiento de cauces, infraestructura hídrica, asistencia técnica, acceso al financiamiento, capacitación, comercialización, incorporación de tecnología, valor agregado, articulación entre productores, instituciones educativas y Estado y, fundamentalmente, políticas que permitan que más personas puedan acceder a empleos vinculados con la producción. También significa entender que el desarrollo económico de Malargüe no puede depender de una sola actividad ni de un solo empleador.

Durante años hemos hablado de minería, petróleo, turismo, energía y grandes obras. Y está bien que lo hagamos. Pero mientras esperamos esas grandes inversiones y esos grandes proyectos, hay actividades que ya existen, que ya producen y que ya generan empleo.

Quizás una de las preguntas que deberíamos empezar a hacernos sea cuánto más podría generar el sector agrícola si dejáramos de mirarlo solamente como una actividad de productores individuales y empezáramos a pensarlo como una política estratégica de desarrollo departamental.

Porque hay una paradoja que no deberíamos pasar por alto. El Estado municipal dejó de ser el sostén laboral de cientos de personas. Y, sin que existiera una política pública integral diseñada para eso, una parte de esas personas encontró una salida laboral en el agro. Tal vez el campo nos esté mostrando algo que la política todavía no está viendo.

No podemos esperar a que vuelva a ocurrir una crisis para descubrir qué actividades pueden contenerla. Tenemos que construir, antes, las condiciones para que existan oportunidades. Y si una actividad económica logró amortiguar —aunque sea parcialmente una crisis, debemos mirarla con otros ojos. No para romantizarla, no para idealizarla sino para planificarla.

Porque gobernar también es eso: mirar lo que está pasando en la realidad, detectar dónde están las oportunidades y convertirlas en políticas públicas antes de que sea demasiado tarde.

Malargüe necesita dejar de discutir solamente cómo repartir el trabajo que genera el Estado y empezar a discutir cómo generamos más trabajo desde nuestra propia matriz productiva diversa. Al menos, por aquí, tenemos una pista.