Los diez concejales unificaron proyectos de distintos bloques para declarar la emergencia climática hasta 2027. La medida busca dar una respuesta rápida a las familias, asistir al sector rural ante el impacto de “El Niño” y reforzar la prevención en la ciudad.

El Honorable Concejo Deliberante de Malargüe aprobó por unanimidad la declaración de emergencia climática, ambiental y ganadera en todo el departamento hasta el 31 de marzo de 2027 en una sesión especial llevada a cabo el miércoles 21 de octubre. La medida se concretó luego de que los diez ediles unificaran las distintas iniciativas presentadas por los bloques políticos en un único proyecto de despacho.

Ante los riesgos generados por las intensas precipitaciones y el fenómeno de “El Niño”, el cuerpo legislativo aunó criterios para priorizar las necesidades de la comunidad, dejando de lado las diferencias partidarias para centrarse en herramientas eficaces de prevención y asistencia, tanto en la zona urbana como en los parajes rurales.

En diálogo con nuestro medio, el presidente del HCD, Pablo Cabrera (PJ) valoró el trabajo en equipo de todos los concejales y manifestó que “fue muy lindo compartir con todos y trabajar en pos del bienestar de los vecinos”. Además, destacó la voluntad política de integrar todas las miradas y puntualizó: “Si bien la iniciativa de realizar una sesión especial para trabajar este proyecto fue de nuestro bloque, se incorporaron las propuestas de los concejales Martínez y Villarruel sobre la emergencia agropecuaria, así como el pedido del bloque Reconstruyendo para llevar adelante la reunión parlamentaria. Al haber varias iniciativas, se consolidaron en una sola ordenanza”.

“Esto claramente no va a solucionar el 100% de los inconvenientes, pero es un aporte fundamental que otorga herramientas al municipio y consolida un pedido formal para que la Provincia también contribuya con recursos. Malargüe se convirtió además en el segundo departamento de Mendoza en declarar la emergencia climática”, concluyó Cabrera.

No obstante, el concejal Pablo Villarruel (UCR) destacó el entendimiento logrado entre los distintos bloques para consolidar una respuesta rápida. El edil recordó que desde su espacio ya se había presentado un proyecto de emergencia rural y agropecuaria el 2 de junio, el cual se unificó junto a otras propuestas del cuerpo legislativo. En esa línea, enfatizó que la oposición actúa con responsabilidad institucional, aportando el quórum y las herramientas necesarias para que el municipio pueda llegar con soluciones concretas a los vecinos, dejando de lado las diferencias partidarias.

Por su parte, Silvina Camiolo del bloque Reconstruyendo Malargüe, hizo hincapié en el equilibrio de la norma: si bien reconoció que la herramienta legislativa dota al Ejecutivo de la agilidad necesaria para la contingencia, enfatizó que incorpora estrictos controles administrativos y la obligación de rendir cuentas, asegurando que los recursos públicos se utilicen con absoluta transparencia y sin discrecionalidad.

En tanto, la edil Emilce Mansilla (PJ) expresó a Malalweb que con esta aprobación buscan que el Municipio cuente con un plan, prioridades y recursos claros para responder de manera organizada frente a las contingencias climáticas, mantener los accesos, asistir a las familias rurales y relevar las pérdidas de los productores para gestionar la ayuda provincial y nacional correspondiente.

Para cuidar esta actividad, la ordenanza solicita al Gobierno provincial la implementación de un plan de asistencia que incluya aportes económicos, provisión urgente de forraje y la creación de un registro georreferenciado de productores para llegar con ayuda efectiva a las familias que quedan aisladas.

En el ámbito urbano, la norma faculta al Ejecutivo municipal a realizar tareas preventivas indispensables, como la limpieza y el mantenimiento de cunetas, desagües y arbolado público, además de la reparación de calles y caminos. Asimismo, contempla gestiones ante la Provincia para impulsar un plan de soluciones habitacionales destinado a familias en situación de vulnerabilidad.

Para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos, la normativa establece que las contrataciones directas por razones de urgencia deberán estar debidamente respaldadas por informes técnicos y costos justificados. Además, el Ejecutivo tendrá la obligación formal de informar al Concejo Deliberante sobre cada contratación realizada en un plazo no mayor a diez días hábiles.