Según manifestó a Malalweb Diario Digital la concejal Silvina Camiolo, autora de la iniciativa, la norma fija un cronograma para recuperar el inmueble municipal ocupado desde 2017 por el Ministerio Público Fiscal y habilitó reclamos por servicios.

La Municipalidad de Malargüe avanzó en la recuperación de su patrimonio público tras la promulgación y publicación de la Ordenanza N.º 2.405, que dispone la restitución progresiva del edificio donde funcionaba el Centro Integrador Comunitario (CIC) y que actualmente es utilizado por dependencias del Ministerio Público Fiscal, según informó a Malalweb Diario Digital la concejal Silvina Camiolo, del bloque Reconstruyendo Malargüe, autora de la iniciativa aprobada por el Honorable Concejo Deliberante.
En diálogo con este medio, la edil del bloque Reconstruyendo Malargüe señaló que el proyecto legislativo tuvo como finalidad dar una respuesta institucional a la situación de un inmueble de propiedad municipal ocupado desde 2017 por organismos provinciales vinculados al servicio de justicia.
De acuerdo con lo expresado por Camiolo, la ordenanza establece que la devolución del edificio se concretará de manera escalonada mediante un cronograma específico, con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación judicial mientras el inmueble retorna de forma ordenada a la órbita de la Municipalidad de Malargüe.
La concejal explicó además que la normativa faculta al Departamento Ejecutivo municipal a iniciar los reclamos administrativos correspondientes para exigir el pago de los servicios de electricidad, agua y gas, junto con una compensación económica por el uso de las instalaciones durante el período de ocupación.
Según sostuvo la autora del proyecto, el sostenimiento de esos gastos operativos representó durante años una erogación para las arcas municipales, aun cuando el edificio estaba afectado al funcionamiento de dependencias del Poder Judicial provincial.

En sus declaraciones, Camiolo remarcó que recuperar el patrimonio municipal implica defender los recursos de los malargüinos, establecer criterios claros sobre la utilización de los bienes públicos y lograr que cada institución afronte los costos que le corresponden. Asimismo, indicó que el desafío actual radica en que el Ejecutivo local ejecute el cronograma previsto y tramite las obligaciones económicas pendientes.




