Por Rodrigo Hidalgo – Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Malargüe

Como presidente del Honorable Concejo Deliberante de Malargüe, me veo en la obligación de expresar públicamente lo que ya manifestamos mediante una resolución votada por unanimidad: el cuerpo legislativo local rechaza enfáticamente la forma en que se promovió el concurso para cubrir la vacante en la Fiscalía de nuestro departamento.

La participación de funcionarios del Ejecutivo provincial, referentes de un partido político —en este caso, la UCR— y una senadora provincial en una conferencia de prensa para anunciar el llamado al concurso, representa una intromisión inadmisible. No se puede confundir el funcionamiento del Estado con el interés partidario. La administración de justicia no puede prestarse a especulaciones ni campañas políticas.

Desde el Concejo, no cuestionamos la necesidad del concurso ni la cobertura del cargo. Lo que señalamos es una intervención política que pone en riesgo el equilibrio que debe existir entre los distintos poderes del Estado. Lo que corresponde al ámbito judicial debe mantenerse libre de presiones externas.

El respeto por la división de funciones no es un detalle técnico. Es la garantía de que ningún sector concentre el poder. Cuando una fuerza partidaria intenta posicionarse como promotora de decisiones que no le competen, está forzando los límites de la convivencia democrática.

Nuestro rol, como representantes electos por el pueblo, es también el de actuar como contrapeso. El Concejo Deliberante no es un espectador: es un actor que escucha, canaliza y se pronuncia cuando advierte acciones que pueden deslegitimar procesos clave para la vida pública.

Por eso nos pronunciamos. Porque en los últimos años hemos recibido denuncias graves que exigen respuestas sólidas de parte del sistema judicial. Y no podemos permitir que ese mismo sistema pierda credibilidad por errores de forma o por exceso de protagonismo político.

Reivindico el compromiso del Concejo con un Estado que funcione de manera clara y transparente. Queremos que el próximo fiscal sea designado de acuerdo a lo que marca la ley, sin presiones ni favoritismos. Queremos una Justicia que inspire confianza, no sospechas.

No hablo solo a título personal. Lo hago respaldado por una decisión colectiva del cuerpo que presido, y convencido de que fortalecer la democracia implica poner límites cuando se cruzan ciertas líneas. Cuidar la Justicia es también cuidar la credibilidad del sistema. Y eso es responsabilidad de todos los poderes, pero especialmente de quienes tenemos el deber de decirlo a tiempo.