El pasado miércoles 4 de junio se llevó a cabo en Malargüe una movilización en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La marcha, de carácter local, se enmarcó dentro de una convocatoria nacional impulsada por organizaciones, familias y profesionales del sector ante la profunda crisis que atraviesa el sistema de atención y acompañamiento a personas con discapacidad en todo el país.
A nivel nacional, se denuncia el recorte en pensiones no contributivas, la desregulación de prestaciones básicas y la utilización de lenguaje discriminatorio en normativas oficiales. Frente a este panorama, se impulsa un proyecto de ley que propone declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El proyecto ya cuenta con dictamen favorable en comisiones de la Cámara de Diputados.
En Mendoza, la situación es crítica: más de 200.000 personas con discapacidad se ven afectadas por la falta de regulación y demora en los pagos a prestadores, lo que compromete su acceso a tratamientos y servicios esenciales para su calidad de vida. En noviembre del año pasado, se realizaron actos federales bajo el lema “Justicia, ¡basta de quitas!”, con el objetivo de visibilizar esta realidad y exigir respuestas urgentes.
Durante la jornada en Malargüe, se entregó un petitorio al Honorable Concejo Deliberante, ingresado por mesa de entradas, y los manifestantes fueron recibidos por los concejales Palma, Villarruel, Camiolo y Acosta. En esa instancia, el HCD aprobó una declaración de interés social y educativo para la jornada y expresó su apoyo al proyecto nacional de emergencia, sumándose así al reclamo colectivo que busca garantizar derechos y no beneficios, como bien lo establece la Ley Nacional 24.901 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
María Lobos, una de las manifestantes presentes, expresó: “Es importante marchar para que los chicos sigan contenidos, para que ellos tengan acompañamiento. Muchas veces se habla de inclusión, pero la realidad es que falta mucho.”
Por su parte, Miguelina Appugliese, coordinadora de Consultorios Integrados, señaló: “Se están vulnerando derechos, que son derechos y no beneficios. Son derechos contemplados en la Ley 24.901, en el marco del convenio internacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.”
