Con motivo del paro nacional que convocó a distintas entidades gremiales y agrupaciones civiles a marchar este miércoles 24 de enero, contra las medidas adoptadas mediante el DNU y la llamada “Ley Ómnibus”, presentadas por el presidente Javier Milei; en Malargüe, donde el acatamiento no fue voluminoso, los presentes hicieron oír sus voces. Representantes de movimientos sociales, también se movilizaron desde la plaza San Martín hasta el Reloj Cincuentenario, en señal de protesta y bajo la consiga “El pueblo no es la casta”.
Benito Martínez, secretario general de ATE seccional Malargüe, expresó a nuestro medio, que “como ATE hemos adherido a una medida nacional en contra justamente de los ajustes de el DNU y de la Ley Ómnibus porque entendemos que esto va a perjudicar a todo el país. Acá en Malargüe nos pega mucho más fuerte, hay muchos trabajadores precarizados…”
“Tiene que quedar muy claro que el pueblo no es la casta, nosotros somos clase trabajadora”, afirmó Martínez al tiempo que reconoció que algunas de las personas que se acercaron no son de organizaciones, ni de ningún partido político pero que sí estaría afectado por la situación país.
Luego, el sindicalista declaró: “No hay color político, no hay un sindicato. Hay una organización. Estamos todos juntos porque somos todos afectados por el mismo problema”.
Por su parte, Vanesa Bouille, representante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), analizó el impacto que tuvieron, sobre la sociedad, las medidas tomadas por el ejecutivo nacional, e indicó que seguramente la población ha concurrido al supermercado y ver que lo que compraba hace dos meses atrás, hoy seguramente compra el 70%.
Además, especificó que las llamadas “Ley de Góndolas” y “Ley de Abastecimientos” derogadas por el DNU, generan que los supermercados no estén obligados a tener una amplia variedad de productos de una misma especie, sino que pueden vender un solo producto por góndola y sin un control sobre los precios. “Tampoco están obligados, a partir de eso, a tener productos de las pymes o de la agricultura familiar o de las cooperativas”, sostuvo la entrevistada.
Y agregó: “La Ley de tierra rural a nivel nacional, imponía un límite a la cantidad de tierra que se puede extranjerizar, que ya era 15% del territorio nacional y no es poco en Malargüe. Mendoza es una de las provincias con mayor proporción de tierra extranjerizada con lo que son la parte de los malayos, holdings de empresas que tienen tierras rurales“.
Continuó explicando que desde la APDH entienden que “todos los derechos básicos están siendo afectados y que el de DNU es inconstitucional”.
Ambos representantes expresaron que éstas medidas se van a seguir llevando a cabo, porque no es algo que se vaya a resolver pronto, sino que llevará un tiempo de debate en el congreso y la presencia de las entidades en la calle.
