Tras la nota publicada anteriormente sobre el creciente reclamo de productores de Malargüe por las inundaciones y la falta de obras preventivas, vecinos y propietarios de las zonas del Arroyo La Bebida y Cañada Colorada elevaron una nota formal dirigida a la Dirección Provincial de Irrigación y a la Dirección Provincial de Hidráulica, intimando a ambos organismos a brindar soluciones urgentes.

En el documento, fechado el 9 de febrero de 2026, los firmantes expresan que se encuentran afectados y en riesgo inminente de volver a sufrir daños ante futuros eventos climáticos, como consecuencia de la precariedad en la que desarrollan sus actividades y de lo que califican como “negligencia y falta de mantenimiento” de los cauces.

Los hechos: crecida, desborde y daños en propiedades

Los vecinos señalan que el 30 de enero de 2026, tras una crecida importante del cauce aluvional Arroyo La Bebida —precedida por un evento menor ocurrido el 25 de enero—, el agua se salió de su traza habitual y provocó daños de distinta consideración en propiedades ubicadas de manera lindante al cauce.

Además, sostienen que la rotura del cauce se produjo en un punto donde se había realizado una obra mal ejecutada por la Dirección Provincial de Irrigación, situación que ya había sido reclamada en reiteradas oportunidades por distintas vías, incluso a través de medios periodísticos locales. También indican que intentaron comunicarse con el área de Hidráulica sin obtener respuestas.

Otro de los puntos señalados en la nota es que una máquina perteneciente a la Dirección de Hidráulica, destinada al mantenimiento del lecho del arroyo, se encuentra parada desde hace más de un año en un predio lateral a Ruta 40 Norte, en el departamento de Malargüe, lo que habría contribuido a agravar la situación por la falta total de trabajos de mantenimiento.

Reclamos concretos de los vecinos

Entre los reclamos concretos, los vecinos exigen la remediación de los daños materiales sufridos, el dragado del arroyo y la reparación del corte que ocasionó la inundación, además de hacer responsables solidariamente a Irrigación, Hidráulica y a los funcionarios competentes por los perjuicios ocasionados, ya sea por acción u omisión.

Finalmente, otorgaron un plazo de 30 días para que se adopten las medidas necesarias y advirtieron que, de no obtener respuestas ni soluciones, avanzarán por la vía judicial con las denuncias correspondientes.