Por Bloque Reconstruyendo Malargüe – Concejal Silvina Camiolo

La muerte de una niña de 13 años en plena Avenida Roca —producto de la imprudencia al volante, el exceso de velocidad y el alcohol— volvió a sacudir a Malargüe. Su hermano lucha por su vida. La ciudad está conmocionada, de luto y, otra vez, llena de preguntas: ¿Qué estamos haciendo como funcionarios para evitar que estas tragedias sigan ocurriendo? ¿Dónde están las políticas de prevención? ¿Dónde estaba CIMOM (Centro Inteligente de Monitoreo Municipal) que costó más de 300 millones en cámaras y le pagó un viaje a Barcelona hace unos días al intendente para hablar sobre “ciudades inteligentes”? ¿Dónde está el Estado cuando más se lo necesita?

La conmoción social se suma a un dato que agrava la situación: el Departamento Ejecutivo Municipal jamás respondió al pedido de informes aprobado por el Honorable Concejo Deliberante en julio pasado, pese a que la normativa lo obliga. La Resolución Nº 230/2025, aprobada el 24 de julio, exigía al Ejecutivo que informara sobre el funcionamiento del Cuerpo de Preventores Viales Municipales, su capacitación, su asignación de tareas, su equipamiento y su intervención real en las calles ante el aumento de accidentes de tránsito.

El pedido era claro y urgente: Exigir el cumplimiento de la Ley 9.024 y las ordenanzas locales vinculadas a tránsito. Asignar al menos cinco agentes exclusivamente como Preventores de Tránsito, bajo dependencia del Juzgado Vial municipal. Pero la respuesta nunca llegó. Ni un informe. Ni una explicación.

Mientras tanto, las calles de Malargüe siguieron siendo escenario de imprudencias, sin controles sostenidos, sin presencia preventiva, sin planificación visible.

A esto se suma una problemática que viene escalando hace años. Por eso, desde el Concejo, se impulsó la conformación de una Mesa de Diálogo por la Seguridad Juvenil, ante hechos que muestran una comunidad expuesta:

• Peleas violentas viralizadas en eventos masivos como la Fiesta Nacional del Chivo.
• Un Jefe Departamental de Policía removido por protagonizar riñas en boliches estando ebrio.
• Vecinos manifestándose por mayor seguridad y más recursos policiales.
• Secuestro de armas blancas y de fuego en operativos recientes.
• Falta de espacios deportivos para miles de jóvenes.
• Ordenanzas para mejorar la seguridad en eventos deportivos/masivos vetadas por el intendente.

La propuesta presentada exigía sentar en una misma mesa a autoridades municipales, provinciales, fuerzas de seguridad, instituciones educativas, deportivas, culturales, organizaciones civiles y jóvenes. Nunca fue tratada con la urgencia que amerita.

La respuesta política: fotos, demoliciones y actos, pero no políticas públicas

Cuando la Ministra de Seguridad finalmente visitó Malargüe, la prioridad comunicacional de los funcionarios locales fue mostrarse en primera fila durante la demolición de vehículos secuestrados. Una acción que debía realizarse, sí. Pero la inseguridad no se resuelve sacándose fotos al lado de una topadora.

Mientras algunos celebran actos simbólicos, las familias malargüinas siguen viviendo con miedo:

• Jóvenes expuestos a violencia nocturna;
• Conductores alcoholizados en circulación;
• Más accidentes viales;
• Boliches sin controles efectivos;
• Barrios poco iluminados;
• Respuestas estatales dispersas, tardías o inexistentes.

La displicencia como política: cuando la inacción también es una decisión

La ausencia de respuestas al pedido de informes, la falta de implementación de medidas preventivas, el desinterés por convocar una mesa integral y la normalización de la foto política por encima de la gestión son señales claras de algo más profundo: una displicencia alarmante para abordar un tema que está costando vidas.

Malargüe ha crecido en población y no existe planeamiento urbano. Parece algo mínimo, pero las veredas se inventaron hace siglos justamente con el fin de evitar peligros; es decir, ya la gente que andaba en carretas entendió que no podes caminar por la calle. Malargüe no es una ciudad accesible para caminar.

El Estado —municipal y provincial— tiene la obligación de prevenir, controlar, planificar y coordinar. No hacerlo es abandonar a la comunidad. Una urgencia impostergable

Malargüe no necesita discursos. No necesita actos. No necesita funcionarios posando o dando charlas en el exterior. Necesita decisiones. Necesita controles en las calles. Necesita prevención en serio. Necesita un plan integral que deje de mirar para otro lado mientras nuestras familias quedan expuestas.

La muerte de una niña debería ser suficiente para que la agenda política deje, de una vez por todas, de ignorar lo evidente. Porque cuando el Estado no hace lo que debe, las tragedias dejan de ser accidentes y pasan a ser consecuencias anunciadas.