El juez de tránsito de Malargüe, Dr. Juan Manuel Negro, advierte sobre los efectos negativos de la ley provincial 9024/2017, que impide renovar u obtener licencias de conducir por tener multas impagas, aún cuando éstas estén prescriptas o sean discutibles legalmente.
Según su análisis, esta normativa vulnera principios fundamentales como la proporcionalidad, el debido proceso y la legalidad, generando una forma de sanción perpetua que afecta derechos esenciales como el trabajo y la libre circulación.
En su reflexión —basada en su experiencia judicial y docente— expone cómo el fenómeno de la anomia social, caracterizado por el incumplimiento sistemático de las normas y la desconfianza en las instituciones, se manifiesta con crudeza en el ámbito de la seguridad vial. El juez sostiene que esta disociación entre ley y conducta no solo se origina en una falta de educación cívica, sino también en legislaciones que agravan la deslegitimación del orden jurídico.
Uno de los puntos centrales del artículo es el análisis crítico del artículo 128 de la ley 9024/2017, que impone como requisito excluyente el pago de multas para tramitar licencias, e incluso sanciona a los funcionarios que no lo exijan. Esta disposición, afirma, no distingue entre infracciones graves y simples deudas económicas, extendiendo los efectos de una sanción más allá de los límites legales e impidiendo su revisión judicial efectiva.
Además, compara esta normativa con el régimen nacional y con estándares internacionales, concluyendo que en Mendoza se mantiene un sistema punitivo desproporcionado, sin mecanismos de depuración o prescripción, contrario al derecho al olvido y a la protección de datos personales.
El magistrado destaca que el problema excede lo normativo y se vincula con una crisis estructural de confianza institucional. Propone como solución una revisión legislativa desde el Derecho Parlamentario, orientada a construir leyes más justas, claras y coherentes, que promuevan una cultura cívica basada en el respeto consciente por la norma, y no en el miedo a la sanción.
La propuesta no se limita a modificar una ley, sino a repensar las políticas públicas que regulan la seguridad vial, apostando por un paradigma centrado en la educación, la transparencia institucional y la responsabilidad compartida.
