Por Silvina Camiolo – Concejal de Malargüe

En los últimos días, el intendente Jaque decidió vetar la ordenanza que proponía colocar barandas en el Centro de Convenciones, un recurso mínimo de accesibilidad que todo edificio público debería garantizar, más aún cuando existen pendientes en los accesos. La decisión no solo es incomprensible en términos humanos, sino que además fue defendida por un comunicado partidario que eligió atacar a dos personas en lugar de dar explicaciones serias.

Quiero ser clara: el proyecto no era de mi autoría y el voto favorable fue acompañado por cinco concejales. De los cuatro ediles del bloque justicialista, solo una votó en contra (Acosta), mientras que Mansilla lo hizo a favor, Cabrera se retiró del recinto y el presidente no debía votar porque no hubo votación nominal. El otro voto que necesitaba el oficialismo para sostener el veto fue el de Francisco Parada, aliado político del intendente. En resumen, Jaque solo contó con el apoyo explícito de Acosta y Parada. Sin embargo, el comunicado oficial elige cargar contra mi persona y contra el candidato Arrieta, dejando de lado a sus propios concejales. Una muestra de desesperación y falta de autocrítica.

El argumento técnico utilizado para justificar el veto —la ausencia de una fuente de financiamiento— es el mismo que usó el presidente Milei para frenar la Ley de Emergencia en Discapacidad, y que fue rechazado por la Justicia Federal, primero y por el Congreso Nacional, después. En nuestro caso, la ordenanza incluía en su artículo 3 la autorización al Ejecutivo para usar las partidas correspondientes, y en el presupuesto aprobado en enero se habilitó expresamente la posibilidad de transferir partidas corrientes. El propio asesor legal del Concejo, designado por el oficialismo, reconoció que se trataba de un veto político.

No es la primera vez que sucede. Jaque también vetó la carrera docente municipal, el registro de canteras, la asistencia técnica a la mujer rural, la contratación de guías de turismo locales y la reparación de veredas, entre otras ordenanzas de la oposición. El patrón es claro: el veto se usa como herramienta política para obstruir el trabajo legislativo, aun cuando se trata de proyectos en beneficio de sectores vulnerables.

Como psicóloga y como legisladora, he trabajado durante años en materia de discapacidad y salud pública. No necesito justificarme, pero frente a la desinformación recuerdo solo algunos hitos de mi trayectoria:

• Creación del Programa Provincial de Musicoterapia para niños institucionalizados (2018).
• Resoluciones de aumento presupuestario y cargos docentes especializados para la Escuela Maurín Navarro.
• Participación en la redacción de la Ley Provincial de Oncopediatría (N° 9287).
• Distinciones legislativas a deportistas y a la Selección Argentina de Básquet Silencioso.

Como concejal, impulsé ordenanzas de comunicación inclusiva, cuidado de personas con autismo, adaptación de edificios al diseño universal y prohibición de diagnósticos como insulto entre funcionarios.

No acepto que se me acuse de difamar o desinformar cuando mi compromiso con las personas con discapacidad ha sido sostenido y comprobable. Lo que no tiene explicación es que se prefiera gastar millones en un sillón para un funcionario y se vete la colocación de una baranda. Esa es la verdadera falta de criterio.

El oficialismo debería explicar por qué se ensaña con quienes votamos en favor de la inclusión y, al mismo tiempo, silencia que la mayoría de su propio bloque no acompañó el veto. La política se trata de resolver problemas de la gente, no de encubrir decisiones injustificables con comunicados de ocasión.

Hoy lo que queda en evidencia es algo más profundo que un desacuerdo político: es la distancia entre un gobierno que se aferra a tecnicismos y un Concejo que intenta garantizar derechos básicos a la comunidad. Y en esa distancia, las personas con discapacidad no pueden esperar.