La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó por mayoría una modificación a la Ley de Seguridad Vial que permitirá a los ciudadanos reportar presuntas infracciones de tránsito mediante fotos y videos enviados a través de canales digitales oficiales. No obstante, su implementación efectiva dependerá de la reglamentación de la norma, un paso que aún está pendiente.

En este contexto, el juez vial municipal de Malargüe, Juan Manuel Negro, señaló que “hay que esperar que se reglamente” para conocer de qué manera se aplicará en la práctica. El magistrado explicó que el tema ya está siendo analizado en el ámbito de la Asociación de Jueces Municipales, con el objetivo de definir los mecanismos operativos.

La reforma incorpora el artículo 120 bis a la Ley 9024 y establece que cualquier persona podrá remitir material audiovisual sobre posibles infracciones a través de enlaces web institucionales o aplicaciones de mensajería. Sin embargo, ese contenido tendrá carácter de comunicación ciudadana, es decir, no constituirá una denuncia formal ni tendrá valor de fe pública respecto de su autenticidad.

Según lo aprobado, la autoridad de aplicación podrá evaluar el material recibido y, en caso de contar con datos suficientes, remitirlo al juzgado vial competente junto a un informe preliminar. A partir de allí, será responsabilidad de los juzgados analizar la información y determinar si corresponde avanzar con la verificación de los hechos o desestimar la presentación.

La normativa también contempla que se podrá excluir del sistema público aquel contenido que no corresponda a la jurisdicción o presente indicios de falsedad.

Desde el ámbito legislativo, se indicó que la iniciativa busca fortalecer la prevención y el control del tránsito, especialmente en períodos de alta circulación vehicular. Sus impulsores sostienen que la participación ciudadana permitirá complementar la capacidad de fiscalización del Estado y contribuir a la reducción de infracciones y accidentes.

Durante el debate, legisladores de distintos bloques respaldaron la medida al considerar que no tiene fines recaudatorios, sino preventivos. No obstante, también hubo cuestionamientos desde sectores de la oposición, que advirtieron sobre posibles dificultades operativas y una eventual sobrecarga en los organismos encargados de procesar la información.

Mientras tanto, a nivel local, las autoridades aguardan definiciones reglamentarias que permitan establecer cómo se instrumentará el sistema en cada jurisdicción y cuáles serán los procedimientos concretos para su aplicación.