La concejal Silvina Camiolo se refirió a la agenda de trabajo que viene sosteniendo en el Honorable Concejo Deliberante en materia de discapacidad, inclusión y accesibilidad, tras el avance de dos iniciativas que buscan poner en el centro de las políticas públicas la voz de los afectados y sus familias.

Entre los proyectos presentados, la edil destacó una Resolución que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un relevamiento integral de todos los centros de atención a la discapacidad que funcionan en Malargüe. Al respecto, Camiolo señaló que el objetivo es “conocer con precisión la situación que atraviesan instituciones, prestadores y usuarios ante el complejo escenario actual”.

Según explicó la concejal, la iniciativa surge tras los reiterados reclamos del colectivo, quienes asistieron al Concejo Deliberante para manifestar su preocupación por la falta de pago a prestadores y el riesgo en la continuidad de los tratamientos. “El acceso a prestaciones vinculadas a la discapacidad es un derecho fundamental. No podemos mirar hacia otro lado mientras familias enteras viven con angustia la posibilidad de perder terapias, transporte o acompañamiento esencial”, enfatizó.

El proyecto de resolución solicita formalmente al municipio información detallada sobre:

• La nómina de centros e instituciones existentes y sus modalidades de financiamiento.
• Los atrasos en los pagos por parte de los organismos financiadores.
• El impacto real de la emergencia en las prestaciones afectadas o en riesgo.
• Las medidas concretas del municipio para garantizar la continuidad de los servicios.

Consulta obligatoria antes de la obra pública

Por otra parte, durante la misma sesión se aprobó la Resolución Nº 93/2026, también impulsada por Camiolo, que solicita incorporar la mirada de las personas con discapacidad y sus familias antes de la ejecución de cualquier obra pública en el departamento.

La concejal advirtió que, si bien Malargüe cuenta con una ordenanza de “Diseño Universal”, no existía un mecanismo que obligara a consultar a los usuarios reales en las etapas previas de planificación. Como consecuencia, Camiolo argumentó que gran parte de la obra pública “se diseñó históricamente de espaldas a las personas con diversidad funcional, generando barreras urbanas, obras que luego debieron adaptarse parcialmente y, en muchos casos, espacios que nunca llegaron a ser verdaderamente accesibles”.

Finalmente, la edil concluyó reafirmando su postura sobre la planificación estatal: “La accesibilidad no puede resolverse después. Las personas con discapacidad deben participar desde el inicio de cada decisión que impacte en su vida cotidiana. Nada sobre nosotros sin nosotros”, sentenció, defendiendo un enfoque basado en los derechos y la ciudadanía plena en lugar del asistencialismo.