Las conducciones del sector petrolero emitieron precisiones institucionales tras el operativo realizado por la Policía de Salta el pasado viernes 15 de mayo en las inmediaciones del Parque Industrial de General Güemes, en el marco del lanzamiento de la “Agrupación Azul y Blanca”. El hecho, que involucró el control de delegados provenientes de Mendoza, motivó pronunciamientos oficiales de las autoridades gremiales para aclarar lo sucedido ante los trabajadores y la opinión pública.

De acuerdo con los registros de la investigación local, efectivos policiales procedieron a la interceptación y requisa de dos vehículos vinculados a la actividad sindical. Mientras las primeras informaciones policiales y mediáticas de la provincia norteña aludieron a la presunta demora de ocho personas y al supuesto hallazgo de elementos de peligrosidad, las representaciones gremiales fijaron sus respectivas posturas respecto al alcance del procedimiento.

Precisiones de la Federación Nacional

La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles, a través de un documento firmado por su Secretario General, Tomás Mario Lavia, expresó su preocupación por el episodio. La entidad nacional solicitó el esclarecimiento del hecho, señalando que la presencia de personas ajenas al distrito local con supuestos elementos de coacción representaba un intento de desestabilizar el acto gremial. Asimismo, Lavia indicó que se dio intervención a las áreas orgánicas de la institución para evaluar el encuadre estatutario del acontecimiento.

Informe y descargo del Sindicato de Cuyo

Por su parte, la Comisión Directiva del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo, conducido por Gabriel Barroso, emitió un informe detallado para llevar tranquilidad a sus afiliados. La organización de Cuyo aclaró que ningún trabajador resultó detenido y precisó que el incidente se limitó a una inspección vehicular de rutina que concluyó en pocos minutos con la documentación en regla, permitiendo que los integrantes de la delegación continuaran su viaje de manera pacífica.

Desde la conducción regional desestimaron de forma categórica las versiones sobre el secuestro de armamento, calificándolas como afirmaciones sin sustento fáctico ni respaldo en actas judiciales. El comunicado concluyó ratificando la regularidad institucional de su gestión y reservándose las acciones legales correspondientes ante las acusaciones públicas vertidas contra sus dirigentes.

Con las posiciones oficiales ya expuestas por las partes, la resolución del caso administrativo y legal quedó supeditada a las pericias y resoluciones que determine la Fiscalía de turno de la provincia de Salta.