En al menos cuatro escuelas de Malargüe se activaron protocolos de seguridad tras la aparición de pintadas con amenazas de tiroteos. La situación, que ya había sido advertida por la fiscalía días atrás, afecta tanto a establecimientos de nivel primario como secundario y genera preocupación en toda la comunidad educativa.
Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmaron que los procedimientos se aplicaron de manera inmediata en cada caso, con intervención de equipos directivos, supervisión, áreas específicas del sistema educativo y la Justicia. Las autoridades evitaron identificar a las instituciones involucradas para no estigmatizarlas.
La subdelegada administrativa regional de la DGE, sede Malargüe, Fabiana Glatigny, explicó que estas situaciones —aunque en algunos casos puedan interpretarse como “bromas”— generan consecuencias graves. “Se ha activado el protocolo en cuatro escuelas y se ha trabajado de manera constante con todos los equipos, incluyendo la Justicia, que también acompaña estos procesos”, detalló.
En ese marco, la funcionaria hizo un fuerte llamado a las familias para abordar el tema con niños y adolescentes. “Es fundamental que los adultos hablen con los jóvenes, que sepan que pueden acudir a docentes, preceptores o directivos antes de realizar este tipo de acciones. Si fue una broma, es una broma de muy mal gusto que genera ansiedad, angustia y miedo en toda la comunidad”, sostuvo.
Glatigny también advirtió que este tipo de hechos puede tener consecuencias legales, ya que intervienen normas vigentes como el Código Contravencional y la Justicia busca identificar a los responsables de las amenazas. Incluso mencionó que situaciones relacionadas —como la circulación de información sobre armas—, aunque no ocurran dentro de la escuela, incrementan la preocupación social.
A nivel global, distintos países han reportado episodios similares vinculados a desafíos virales en redes sociales, lo que obligó a reforzar protocolos de actuación en instituciones educativas. En Mendoza, las autoridades señalaron que ya se trabaja en posibles actualizaciones de los procedimientos vigentes para adaptarlos a este tipo de amenazas emergentes.
Finalmente, desde la DGE insistieron en la necesidad de un abordaje conjunto entre familias, escuelas y organismos del Estado. “Esto es un trabajo de toda la sociedad. Debemos acompañar a nuestros jóvenes, fomentar el diálogo y hacerles entender que este tipo de conductas no pueden suceder”, concluyó la subdelegada.
