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Categoría:
Sociedad

Aumentaron la inhabilitación para conducir por alcoholemia

En una reciente actualización de la ley N° 9558, se implementaron nuevas disposiciones que amplían significativamente la inhabilitación para conducir en casos de alcoholemia. El Juez Vial Municipal, Juan Manuel Negro anunció que los jueces administrativos y judiciales ahora tienen la facultad de disponer inhabilitaciones de hasta 365 días para quienes sean detectados conduciendo con alcohol en sangre.

Además, los vehículos retenidos por esta causa podrán ser gestionados en un plazo mucho menor al estipulado anteriormente. Explicó que si un vehículo es retenido y no se abonan las multas ni se regulariza su situación en dos meses, podrá pasar a disposición del Ejecutivo provincial o municipal, o del Ministerio de Justicia. También informó que se permitirá que otra persona distinta del propietario original pueda retirar el vehículo si acredita un interés legítimo.

Negro indicó que estas medidas vienen a clarificar el sistema y el procedimiento, reduciendo la disparidad de criterios entre diferentes jurisdicciones, otorgando mayores facultades a los jueces para disponer respecto a los vehículos retenidos.

En el mismo contexto, mencionó los importantes cambios en la homologación y calibración de los alcoholímetros. Recordó que anteriormente, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) tenía el monopolio de la calibración de estos dispositivos, lo que generaba altos costos y demoras significativas. La nueva legislación permite la participación de universidades públicas y privadas en este proceso, abriendo el mercado, generando competencia y creando nuevos polos de trabajo. Esto no solo optimiza el tiempo y reduce los costos, sino que también hace el proceso más federal y equitativo.

El Juez Vial explicó que esta situación anterior creaba una erogación considerable en dólares para el Estado, ya que era necesario homologar los alcoholímetros cada seis meses. Con las nuevas disposiciones, se espera que el proceso sea más eficiente y menos oneroso para el Estado, contribuyendo a una gestión más justa y efectiva de la seguridad vial en todo el país.