El jueves 25 de abril, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus se vivió la audiencia pública por Pata Mora. Allí se presentó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto bajo la presencia, virtual y presencial, de más de 180 personas.
Tras su finalización, la Vicegobernadora Hebe Casado expresó enérgicamente su compromiso con el desarrollo de Malargüe, destacando la importancia de convertir a Pata Mora en una zona industrial clave para brindar servicios a las industrias petroleras y mineras, mientras se asegura el cumplimiento de los estándares ambientales.
Asimismo, subrayó que el impulso principal vendrá del sector privado, aunque el Estado estará presente para apoyar en el ordenamiento territorial y otras necesidades.
Por su parte, Jerónimo Shantal, director de minería de Mendoza reconoció: “La minería es necesaria para la vida cotidiana… que la gente identifique que su casa, su escuela, su hospital, sus calles están construidos con el beneficio de las minas de tercera categoría…”
Fotos: Gobierno de Mendoza
Mientras tanto, Sebastián Melchor, subsecretario de ambiente de la provincia, enfatizó la importancia de la audiencia pública para escuchar todas las voces y garantizar un proceso transparente. Subrayó la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental y social, comprometiéndose a respaldar el proyecto con servicios e infraestructura.
Finalmente y no por ello menos importante, el intendente malargüino, Cdor. Celso Jaque sostuvo que es muy importante este proceso ya que permite comenzar a dar los primeros pasos. “Una vez que ya tengamos la posesión de la tierra, que le corresponden al municipio de Malargüe, podremos comenzar a trabajar de nuevo en ese lugar… Lo más importante es que va a ayudarnos a que las empresas mendocinas puedan radicarse”, culminó.
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Este martes 23 de abril, el Senado convirtió en ley el proyecto del Ejecutivo para actualizar el Código de Procedimiento Minero de Mendoza. Recordemos que a principios de marzo, el Gobierno presentó en la Legislatura esta propuesta, con el objetivo central de modernizar las normativas vigentes desde 1945. De esta manera se busca agilizar la actividad y hacerla más transparente, establecer mayores controles ambientales y reforzar las funciones de la Policía Minera.
Participaron de la sesión, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre y el responsable de la Dirección de Minería, Jerónimo Shantal. El intendente del departamento de Malargüe, Celso Jaque acompañó a los funcionarios durante el tratamiento del proyecto.
Luego de escuchar las voces de cada uno de los representantes de los distintos bloques parlamentarios, se puso en consideración el despacho en mayoría, el que fue aprobado por 25 votos afirmativos y 12 negativos. Fue remitido al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.
Entre otros, el propósito de esta sanción es incorporar criterios de sustentabilidad ambiental y desarrollo sostenible a esta actividad que hoy cuenta con herramientas que no existían en el siglo pasado.
La reforma incluye la modernización de los procedimientos e involucrar activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de los recursos minerales, promoviendo la transparencia y la participación en todo el proceso.
La iniciativa abarca la minería de primera, segunda y tercera categoría (canteras) y sigue el ejemplo de los más altos estándares internacionales.
Jésica Laferte, senadora del cuarto distrito, quien lidera la comisión de Hidrocarburos, Minería y Energía, enfatizó la importancia de crear un puente entre la provincia de Mendoza y el mundo, fomentando oportunidades, inversiones y trabajo genuino. Destacó la necesidad de aprovechar el potencial minero de la región para contribuir a la transición energética global.
Asimismo destacó la necesidad de modernizar un marco normativo obsoleto, vigente desde 1945, y subrayó la importancia de garantizar la protección del medio ambiente en todas las etapas de la actividad minera. Además, resaltaron la inclusión de medidas para el cuidado del agua y el fortalecimiento de la policía minera como aspectos fundamentales del proyecto.
Fortalecimiento de Policía Minera
De acuerdo al texto de esa normativa, la Autoridad Minera ejercerá el poder de Policía Minera con inspectores que tendrán mayores funciones y facultades que en la actualidad.
Podrán vigilar los trabajos subterráneos y superficiales y los elementos, equipos, maquinarias y plantas, hacer cumplir las normas ambientales, de salud, seguridad e higiene de las labores, controlar el transporte de minerales, comprobar que los trabajos que se realicen y certificar los datos que coincidan con las Declaraciones Juradas de Producción y realizar actas e imponer las sanciones.
Estos inspectores tendrán libre acceso a todos los trabajos, laboreos mineros e instalaciones que tengan por objeto la exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales y pétreas.
Consejo de Minería
Una de las modificaciones realizadas al proyecto original, tiene que ver con la incorporación del Consejo de Minería como autoridad minera de la provincia “en segunda instancia” y como órgano consultivo. Tanto el Consejo como la Dirección de Minería, estarán bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente.
Específicamente, en su artículo segundo, la pieza legislativa establece que “la Autoridad Minera de la provincia de Mendoza, es ejercida en primera instancia por la Dirección de Minería de la Provincia y en segunda instancia por el Consejo de Minería, ambos bajo la tutela del Ministerio de Energía y Ambiente o el que en el futuro lo reemplace”.
Jaque, Latorre y Shantal.
El Director de Minería atenderá y resolverá sobre los asuntos, peticiones y cuestiones que versen sobre los derechos mineros en todo el territorio provincial, y dictará las resoluciones definitivas que conceden, deniegan o declaran caducos los derechos mineros de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Minería y la presente Ley, sin perjuicio de las restantes competencias, misiones y funciones, de conformidad a la Ley Orgánicas de Ministerios.
En tanto, el Consejo de Minería atenderá en la instancia recursiva contra las resoluciones apelables y que causen gravamen irreparable emanadas de la Dirección de Minería. Además, tendrá funciones de órgano consultivo cuando la Dirección lo requiera. El Poder Ejecutivo entenderá solo contra las resoluciones del Consejo de Minería.
Este Consejo estará integrado por un Consejero titular y uno suplente, ambos con título de abogado; otro titular y un suplente con el título de ingeniero en minas, geólogo, o ingeniero especializado con experiencia acreditada en minería o profesional con título de grado, que acredite experiencia por 5 años en materia minera; y un Consejero titular y un suplente representando a las cámaras empresarias y otras entidades afines a la minería en la Provincia, priorizando aquellas de mayor representatividad dentro del sector minero provincial. Estos últimos representantes serán seleccionados a partir de ternas propuestas por las cámaras o entidades afines que cuenten con la debida personería jurídica y sean suficientemente representativas de la actividad.
Los miembros de Consejo de Minería no cobrarán remuneración por sus tareas.
Impulsa Mendoza
Por otra parte, en su artículo 39°, la sanción estipula que “toda resolución firme que disponga la liberación de áreas registradas, ocupadas por derechos mineros, deberá ser publicada de oficio en extracto por la Autoridad Minera, por dos (2) días en el Boletín Oficial. De las publicaciones se dejará constancia en los expedientes respectivos.
Las zonas ocupadas solo quedarán disponibles para la petición de terceros, después de transcurridos diez (10) días de la fecha de publicación.
Foto: Archivo
En todos los casos de caducidad o revocación de permisos de exploración o declaración de minas vacantes, por cualquiera de las causales previstas en esta Ley o el Código de Minería, previo a la publicación ordenada en el párrafo anterior, y de los artículos 71 y 131 del presente Código, deberá notificarse a la empresa minera Impulsa Mendoza Sostenible S.A. o empresa del sector público provincial que la reemplace y siempre que detente un porcentaje igual o mayor al 51% de las acciones el Estado Provincial, con facultades y atribuciones en la materia, para que en el plazo de treinta (30) días hábiles exprese su decisión o no de declarar las áreas como de Investigación Geológica Minera en el marco de lo dispuesto por el Título XXI del Código de Minería, o bien solicitar las áreas de acuerdo al Código de Minería.
En el caso de optar por áreas de exploración cuyo derecho haya sido declarado caduco, la graficación provisoria en el Catastro Minero del pedido de Impulsa Mendoza Sostenible S.A. -o empresa del sector público provincial que la reemplace-, y el borrado del anterior derecho, se realizarán de manera simultánea”.
En el caso de que Impulsa Mendoza Sostenible S.A. “ejerciere el derecho de preferencia mencionado en los párrafos anteriores y no declarara las áreas a lo dispuesto por el Título XXI del Código Minero, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y en el Código Minero, y convocar, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, a un concurso público en el que toda persona humana o jurídica tenga la posibilidad de presentar una oferta que deberá contener como mínimo, sus antecedentes, un programa de trabajo y un compromiso de inversión ; no pudiendo Impulsa Mendoza Sostenible S.A. -o la empresa del sector público provincial que la reemplace-, participar en porcentaje societario o asociativo de ningún tipo”. Y en el caso de que Impulsa “no ejerciese el derecho de preferencia o expresamente manifestara a la Autoridad Minera que no ejercerá dicho derecho, o quedara el desierto el Concurso Público mencionado en el párrafo anterior, se publicará en el Boletín Oficial dicha circunstancia y el derecho quedará a disposición de cualquier persona interesada, pasados diez (10) días hábiles de aquella publicación”.
Fuente: Senado
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El presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Rodrigo Hidalgo, comentó acerca de un importante proyecto de actualización del reglamento interno de la institución. Esta iniciativa busca modernizar y agilizar los procesos internos del HCD, así como brindar transparencia y claridad en el funcionamiento del Concejo.
Según declaraciones de Hidalgo, esta actualización es más que una simple modificación, es una necesidad imperante. El reglamento actual data de hace muchos años y, aunque en él se estipulan las funciones de los concejales, es necesario adaptarlo a las demandas y realidades actuales de la ciudadanía. Con el paso del tiempo, han surgido nuevos temas que requieren ser abordados y regulados de manera adecuada.
Una de las principales razones detrás de esta iniciativa es la necesidad de actualizar las comisiones de trabajo del HCD. Algunas de estas comisiones son permanentes, mientras que otras se abren de manera puntual para tratar temas específicos. Sin embargo, con la evolución de las necesidades de los vecinos, es crucial ajustar y, en algunos casos, crear nuevas comisiones para garantizar que todos los temas relevantes sean atendidos de manera eficiente.
Hidalgo también resaltó la importancia de encontrar un equilibrio entre la burocracia necesaria para el registro adecuado de los trámites y la agilidad en la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas. Esta actualización del reglamento busca precisamente lograr ese equilibrio, facilitando el trabajo interno del HCD y brindando respuestas más rápidas y efectivas a las necesidades de la comunidad.
La comisión encargada de esta actualización se reúne cada 15 días a lo largo del año con el objetivo de elaborar un proyecto completo de reglamento actualizado. Se espera que al finalizar el período de sesiones ordinarias, el proyecto esté listo para su aprobación. Esta comisión, integrada por los diez concejales, trabajará de manera exhaustiva para revisar y actualizar cada artículo del reglamento, asegurando su total comprensión y manejo por parte de todos los miembros del Concejo.
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Este martes continuó el paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en donde empleados municipales reclaman, por 72 horas, un salario digno en relación a la situación del país, para el año en curso. Ante esta situación, es necesario mencionar que el Ejecutivo ya ha presentado seis propuestas en los últimos días, no logrando conformar en ninguna de ellas a los agentes.
En medio de las paritarias, el intendente Celso Jaque brindó declaraciones para dar formalidad a la última propuesta que ofrecieron a los empleados y aseguró: “Si el gremio en las próximas horas no nos dice nada respecto de esto, haré algo que nunca, cuando he tenido funciones he realizado, que es dar un incremento por decreto“.
La sexta oferta de la Municipalidad a los trabajadores consta de los aumentos y bonos no remunerativo y no bonificables que se detallan a continuación:
Abril: 5% aumento al básico de Marzo más el bono de $50.000 cerrado el día 16 de Febrero de 2024. Al bono acordado se le adicionará la suma de pesos $ 50.000 para ser percibidos ambos el día 19 de Abril de 2024.
Mayo: Bono no remunerativo ni bonificable de $100,000 pagadero el día 20 de mayo de 2024.
Junio: Bono no remunerativo ni bonificable de $85,000 pagadero el día 20 de junio de 2024.
Julio: Aumento del 10% al básico de marzo y adicional no remunerativo ni bonificable de $72,000 pagadero el 20 de julio de 2024.
Agosto: Bono adicional no remunerativo ni bonificable de $72,000 pagadero el día 20 de agosto de 2024.
Setiembre: 15% aumento al básico de marzo y Suma fija no remunerativa ni bonificable de $59,000 pagaderos el día 20 de Septiembre de 2024.
Octubre: Bono no remunerativo ni bonificable de $59,000 pagaderos el 20 de Octubre de 2024.
Noviembre: Aumento del 20% al básico de Marzo de 2024.
En la propuesta, además se lee lo siguiente: “Frente a la situación económica imperante en el país, el municipio propone mantener una reunión conjunta con el Sindicato, el día 05 del mes de julio de 2024, con el objetivo de analizar la marcha de la misma y sus posibles consecuencias en la propuesta realizada.“
El intendente explicó: “Parto desde la base de que nunca he sido de los que están más proclives a que se realicen acuerdos con montos que sean no remunerativos ni bonificables, pero también vivo de la realidad que tiene hoy el país y, hoy la realidad, es una realidad muy compleja… en donde muchos no tienen trabajo.“
Luego, continuó que cuando hablan de incorporar al básico puede ser poco lo que se suma, pero destacó que eso tiene un efecto cascada en otros adicionales como antigüedad, presentismo y demás. “Yo podría decir, ‘Bueno, damos más salario, blanqueo todo. Mil personas afuera, con mil personas que yo dejé afuera, le puedo cumplir de que llevamos todo al básico’. Si es lo que quiere el gremio, no hay problema. Espero la lista de quienes son los que tenemos que sacar y vamos andando“, detalló el mandatario.
También añadió: “A mi no me van a torcer la mano solo porque me quieren extorsionar… Estoy para gobernar a todos los Malargüinos, no vengo solo a pagar salarios“.
Finalmente, Celso Jaque subrayó su disposición al diálogo pero advirtió que, de no obtener respuesta, tomará medidas para garantizar el funcionamiento del municipio.
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En medio de la controversia reciente sobre la supuesta actividad militar en la base científica china en Neuquén, se anunció que el gobierno de Javier Milei llevará a cabo una inspección no solo en esa estación, sino también en una similar en Malargüe, perteneciente a la Agencia Espacial Europea (ESA).
La estación en cuestión, ubicada en nuestro departamento, ha estado operativa desde 2012 como resultado de un acuerdo de cooperación espacial entre la ESA y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de Argentina. Funcionarios de la CONAE acompañarán a Eric Morel de Westgaver, director de Asuntos Legales y Exteriores de la ESA, en una visita a la base, ubicada a unos 40 kilómetros de la ciudad de Malargüe.
Según TN, la visita ha estado programada desde hace un año. La agencia europea ha respondido a la carta del gobierno argentino, asegurando que tratarán la solicitud con transparencia y recibirán a las autoridades argentinas, prometiendo proporcionar toda la asistencia necesaria.
Al igual que en la estación china de Neuquén, la base de Malargüe alberga la antena “Deep Space 3 – Malargüe”, la más moderna para el seguimiento de misiones de exploración del espacio profundo de la ESA. La comunidad científica argentina tiene acceso a la antena de exploración del espacio profundo DS3 para investigaciones en radioastronomía, entre otras aplicaciones.
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Durante la sesión de este martes, la Cámara de Senadores respaldó la iniciativa presentada por la senadora Jésica Laferte, la cual propone que el departamento de Malargüe sea designado como la sede permanente para la realización anual de la Fiesta Provincial del Cordero.
Este evento, que se celebra durante el mes de abril, deberá promover diversas actividades relacionadas con el ganado ovino, como gastronomía, turismo, cultura y capacitaciones.
En el recinto de sesiones, la autora del proyecto subrayó la importancia de este evento y su consagración como sede permanente en Malargüe, afirmando que «este tipo de eventos expresa patrimonio intangible. Es reconocer a los crianceros y su importante labor. Genera impacto en lo educativo, cultural y social».
Por otro lado, el legislador Gerardo Vaquer resaltó el valor económico que esta actividad representa para la provincia de Mendoza, declarando que «las economías regionales tienen un gran aporte a las economías de estos departamentos y a la región. Vamos a acompañar esta ley», añadió.
La propuesta que ha sido aprobada por unanimidad, implica otorgar a Malargüe el estatus de anfitrión permanente de la Fiesta Provincial del Cordero.
«La Fiesta Provincial del Cordero durante su celebración deberá promover actividades gastronómicas, turísticas, culturales, tradicionales, seminarios, capacitaciones y exposiciones relacionadas al ganado ovino», afirma parte del fragmento del proyecto de ley.
Además, se ha anunciado que el Ministerio de Cultura y Turismo incluirá oficialmente esta festividad en el calendario turístico y cultural de la provincia de Mendoza.Es importante recordar que Malargüe ostenta la mayor producción de ganado ovino en la provincia, representando aproximadamente el 40% del total de cabezas ovinas, que ascienden a alrededor de 48.000 de las 119.255 existentes en la provincia. Este departamento ha mantenido históricamente este porcentaje, siendo significativamente superior en producción ovina que caprina en décadas anteriores.
Fuente: Senado Provincial
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Por Resolución General 1320/24, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Mendoza, la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ) dispuso extender las facilidades para que todas las asociaciones civiles inscriptas regularicen su situación jurídico-contable.
“Buscamos que, en un contexto social y económico delicado, las instituciones que trabajan con la comunidad puedan hacerlo en plenitud. El Estado mendocino está para acompañar a quienes con vocación de servicio tienen en el bienestar de los niños, jóvenes y adultos mayores de la comunidad su razón de ser”, expresó el director general de Asuntos Gubernamentales, Francisco Mondotte.
La resolución mencionada restablece hasta el 31 de diciembre de 2024 la vigencia de las Resoluciones Generales 3232/2021 (Centros de Jubilados y Pensionados); 4338/2022 (Clubes y Entidades Deportivas Barriales) y 4339/2022 (Uniones Vecinales). Asimismo, extiende los beneficios de estas normas para que puedan aprovecharlos el resto de las asociaciones civiles inscriptas en esta dirección, sin distinción de tipo.
En este sentido, el titular de la DPJ, Sebastián Soneira, destacó: “El propósito de esta disposición es continuar ayudando a que todas las asociaciones civiles sin fines de lucro, especialmente centros de jubilados y pensionados, uniones vecinales y clubes y entidades deportivas barriales, puedan regularizar su funcionamiento con el menor costo posible”.
Y agregó que “se trata de una norma de excepción que otorga importantes beneficios, dictada en consideración a la realidad que viven estas instituciones, ofreciéndoles una herramienta concreta para superar el obstáculo que frecuentemente les significa adeudar la presentación de varios estados contables”.
Para más información sobre la resolución, ingresar acá.
Fuente: Gobierno de Mendoza
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En una entrevista exclusiva concedida tras la aprobación de la nueva tarifaria municipal en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Malargüe el concejal Pablo Cabrera compartió sus reflexiones sobre esta medida y su impacto en la comunidad.
Cabrera comenzó explicando la importancia de actualizar un sistema tributario municipal que se encontraba desactualizado desde el año 2021. “Entendemos que la tarifaria tiene un espíritu que busca incrementar los contribuyentes y no generar tasas altas que el contribuyente no pueda pagar”, señaló el concejal.
El proceso de aprobación de la nueva tarifaria, según el edil, no fue una tarea fácil. Cabrera describió un exhaustivo trabajo de investigación que duró más de un mes y que involucró a todo el cuerpo de concejales. “Estuvimos tratando durante más de un mes, investigando y teniendo reuniones con vecinos y diferentes instituciones como la Cámara de Comercio”, explicó.
Además, destacó que, a pesar de las diversas opiniones y perspectivas recabadas durante este proceso, el objetivo primordial fue garantizar que los vecinos de Malargüe puedan afrontar el pago de las tasas municipales. “Decidimos acompañar la nueva tarifaria, generando algunos cambios que buscan que los vecinos de Malargüe puedan pagar las tasas municipales”, afirmó.
Para Cabrera, es fundamental comprender que el dinero recaudado a través de estas tasas municipales no se desperdicia, sino que se convierte en una inversión para el desarrollo del departamento. “Cuando ingresa a las arcas municipales, ese dinero se traduce en mejoras en la vía pública, en la infraestructura y en las instalaciones que benefician a toda la comunidad”, enfatizó.
El concejal también subrayó que los valores establecidos en la nueva tarifaria son acordes a la realidad económica del departamento, buscando no generar un impacto excesivo en los contribuyentes. “Es importante tener esa visión y entender que los recursos municipales son una inversión para el bienestar de todos”, concluyó Cabrera.
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Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo por el cual se actualiza el marco normativo que rige los procedimientos mineros. La normativa vigente data de 1945, por lo que se busca agilizar la actividad y hacerla más transparente, establecer mayores controles ambientales y reforzar las funciones de la Policía Minera.
La votación resultó 35 votos a favor, 10 negativos (Laura Balsells Miró, Stella Huczak, Rolando Scanio, Jimena Cogo, Jorge Difonso, Cintia Gómez – por LUM -, Valentina Morán, Roxana Escudero, Natalia Vicencio – por el PJ -, y Gabriela Lizana – por el Frente Renovador línea Nacional-) y una abstención, de Edgardo Civit (JxL-LUM).
Entre otros, el propósito de esta media sanción es incorporar criterios de sustentabilidad ambiental y desarrollo sostenible a esta actividad que hoy cuenta con herramientas que no existían en el siglo pasado.
La reforma incluye la modernización de los procedimientos e involucrar activamente a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo de los recursos minerales, promoviendo la transparencia y la participación en todo el proceso.
Esta iniciativa abarca la minería de primera, segunda y tercera categoría (canteras) y sigue el ejemplo de los más altos estándares internacionales.
En ese sentido, la diputada Jimena Cogo (JxL-LUM) adelantó su voto negativo expresando que “soy malargüina, soy minera y quiero minería para el departamento. Coincido con el gobernador en hacer de la minería una política de Estado que antes no había sucedido”, pero “no nos podemos dar el lujo de votar algo que todavía tiene incongruencias y que a lo mejor nos cuesten, el día de mañana, quizá medidas precautorias por inconstitucionalidad”.
Además resaltó: “Voto en negativo a este procedimiento. No al qué, sino al cómo; que es tan importante como el norte que queremos emprender“, amplió mientras destacó que está a favor de la minería, de la transparencia y que por ello protege el futuro de su comunidad.
Fortalecimiento de Policía Minera
De acuerdo al texto de esa normativa, la Autoridad Minera ejercerá el poder de Policía Minera con inspectores que tendrán mayores funciones y facultades que en la actualidad.
Podrán vigilar los trabajos subterráneos y superficiales y los elementos, equipos, maquinarias y plantas, hacer cumplir las normas ambientales, de salud, seguridad e higiene de las labores, controlar el transporte de minerales, comprobar que los trabajos que se realicen y certificar los datos que coincidan con las Declaraciones Juradas de Producción y realizar actas e imponer las sanciones.
Estos inspectores tendrán libre acceso a todos los trabajos, laboreos mineros e instalaciones que tengan por objeto la exploración, explotación y beneficio de sustancias minerales y pétreas.
Consejo de Minería
Una de las modificaciones realizadas al proyecto original, tiene que ver con la incorporación del Consejo de Minería como autoridad minera de la provincia “en segunda instancia” y como órgano consultivo. Tanto el Consejo como la Dirección de Minería, estarán bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente.
Específicamente, en su artículo segundo, la pieza legislativa establece que “la Autoridad Minera de la provincia de Mendoza, es ejercida en primera instancia por la Dirección de Minería de la Provincia y en segunda instancia por el Consejo de Minería, ambos bajo la tutela del Ministerio de Energía y Ambiente o el que en el futuro lo reemplace”.
El Director de Minería atenderá y resolverá sobre los asuntos, peticiones y cuestiones que versen sobre los derechos mineros en todo el territorio provincial, y dictará las resoluciones definitivas que conceden, deniegan o declaran caducos los derechos mineros de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Minería y la presente Ley, sin perjuicio de las restantes competencias, misiones y funciones, de conformidad a la Ley Orgánicas de Ministerios.
En tanto, el Consejo de Minería atenderá en la instancia recursiva contra las resoluciones apelables y que causen gravamen irreparable emanadas de la Dirección de Minería. Además, tendrá funciones de órgano consultivo cuando la Dirección lo requiera. El Poder Ejecutivo entenderá solo contra las resoluciones del Consejo de Minería.
Este Consejo estará integrado por un Consejero titular y uno suplente, ambos con título de abogado; otro titular y un suplente con el título de ingeniero en minas, geólogo, o ingeniero especializado con experiencia acreditada en minería o profesional con título de grado, que acredite experiencia por 5 años en materia minera; y un Consejero titular y un suplente representando a las cámaras empresarias y otras entidades afines a la minería en la Provincia, priorizando aquellas de mayor representatividad dentro del sector minero provincial. Estos últimos representantes serán seleccionados a partir de ternas propuestas por las cámaras o entidades afines que cuenten con la debida personería jurídica y sean suficientemente representativas de la actividad.
Los miembros de Consejo de Minería no cobrarán remuneración por sus tareas.
Impulsa Mendoza
Por otra parte, en su artículo 39°, la media sanción estipula que “toda resolución firme que disponga la liberación de áreas registradas, ocupadas por derechos mineros, deberá ser publicada de oficio en extracto por la Autoridad Minera, por dos (2) días en el Boletín Oficial. De las publicaciones se dejará constancia en los expedientes respectivos.
Las zonas ocupadas solo quedarán disponibles para la petición de terceros, después de transcurridos diez (10) días de la fecha de publicación.
En todos los casos de caducidad o revocación de permisos de exploración o declaración de minas vacantes, por cualquiera de las causales previstas en esta Ley o el Código de Minería, previo a la publicación ordenada en el párrafo anterior, y de los artículos 71 y 131 del presente Código, deberá notificarse a la empresa minera Impulsa Mendoza Sostenible S.A. o empresa del sector público provincial que la reemplace y siempre que detente un porcentaje igual o mayor al 51% de las acciones el Estado Provincial, con facultades y atribuciones en la materia, para que en el plazo de treinta (30) días hábiles exprese su decisión o no de declarar las áreas como de Investigación Geológica Minera en el marco de lo dispuesto por el Título XXI del Código de Minería, o bien solicitar las áreas de acuerdo al Código de Minería.
En el caso de optar por áreas de exploración cuyo derecho haya sido declarado caduco, la graficación provisoria en el Catastro Minero del pedido de Impulsa Mendoza Sostenible S.A. -o empresa del sector público provincial que la reemplace-, y el borrado del anterior derecho, se realizarán de manera simultánea”.
En el caso de que Impulsa Mendoza Sostenible S.A. “ejerciere el derecho de preferencia mencionado en los párrafos anteriores y no declarara las áreas a lo dispuesto por el Título XXI del Código Minero, deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y en el Código Minero, y convocar, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, a un concurso público en el que toda persona humana o jurídica tenga la posibilidad de presentar una oferta que deberá contener como mínimo, sus antecedentes, un programa de trabajo y un compromiso de inversión ; no pudiendo Impulsa Mendoza Sostenible S.A. -o la empresa del sector público provincial que la reemplace-, participar en porcentaje societario o asociativo de ningún tipo”. Y en el caso de que Impulsa “no ejerciese el derecho de preferencia o expresamente manifestara a la Autoridad Minera que no ejercerá dicho derecho, o quedara el desierto el Concurso Público mencionado en el párrafo anterior, se publicará en el Boletín Oficial dicha circunstancia y el derecho quedará a disposición de cualquier persona interesada, pasados diez (10) días hábiles de aquella publicación”.
Fuente: Legislatura de Mendoza
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El concejal Martín Palma, representante del departamento de Malargüe, brindó declaraciones en relación con el proceso de aprobación de la tarifaria municipal. Durante una entrevista, Palma compartió sus opiniones sobre el proceso concluido el día miércoles 3 de abril y expresó algunas observaciones específicas.
Al ser consultado sobre el resultado del proceso, Palma reconoció que se ha llevado a cabo una tarifaria ordenada, que contempla ajustes de precios en función de los índices inflacionarios del país. Sin embargo, señaló que existen algunas discrepancias respecto a ciertos aspectos, como la producción minera y la hidrocarburífera, así como sobre las autorizaciones de venta de terrenos, que considera necesarias de incorporar para una legislación más completa y consciente.
La sesión de aprobación tuvo lugar este miércoles 3 de abril, culminando así el proceso. Palma explicó que la tarifaria incluye un ajuste bimestral en la Unidad Tributaria Municipal, lo cual, aunque se ajusta a la inflación, plantea preocupaciones sobre su impacto en los vecinos en medio de la difícil situación económica del país.
En cuanto a la venta de terrenos municipales, Palma insistió en la necesidad de examinar cada caso particularmente, siguiendo el ejemplo de gestiones anteriores, para ajustar los valores según las características específicas de cada terreno y evitar una autorización general que podría generar desigualdades.
Respecto a las tasas de servicios por propiedad raíz, Palma indicó que se continuará con la misma metodología por secciones, aunque se espera un incremento significativo debido a la falta de actualización en el año 2023.
En cuanto a su voto, Palma destacó que votó en contra de los artículos 2, 65 y 140 de la tarifaria, subrayando su justificación en cada una de ellas. Sin embargo, la preocupación del edil radica en la situación económica de cada vecino fundamentando que muchos de ellos no podrían pagar lo que se les pide y eso terminaría generando deudas municipales.
