El Tribunal de Cuentas ha requerido explicaciones a funcionarios de la gestión de Juan Manuel Ojeda respecto a las irregularidades detectadas por Rodrigo Hidalgo, actual Presidente del Honorable Concejo Deliberante, quien en su momento se encontraba como Intendente Interino del departamento.
Durante su período como intendente interino, Hidalgo descubrió varias anomalías en los registros municipales y presentó pruebas sustanciales al Tribunal de Cuentas, destacando la discrepancia entre lo declarado por la administración saliente y lo encontrado en el inventario y cuentas municipales.
En un diálogo exclusivo con Malalweb, Hidalgo expresó su preocupación por las deficiencias en el proceso de transición de gobierno, señalando que “cuando entra una gestión y sale otra, corresponde hacer entrega de la gestión, el ejercicio contable y el inventario de los bienes patrimoniales“. Sin embargo, denunció que solo recibió un acta de dos hojas, lo cual resultó insuficiente.
El Tribunal de Cuentas invocó el acuerdo 870, que permite un plazo de 60 días para verificar la información proporcionada por la administración saliente y corregir posibles discrepancias. Actualmente, el Tribunal solicitó justificación de estas irregularidades a ciertos funcionarios previo a definir si corresponde o no, una sanción.
En este sentido, es necesario especificar que en caso de que el funcionario notificado dé las explicaciones y fundamentos correspondientes, y que el Tribunal determine la veracidad de los dichos; su persona no se vería perjudicada por una sanción. De lo contrario, enfrentarían algún tipo de castigo.
Entre las irregularidades detectadas, las cuales están en proceso de verificación, se encuentran las siguientes:
- “Devolución de tres celulares de última generación declarados como inutilizados y fueron encontrados quemados con ácido.
- Faltante de devolución de una cámara GoPro
- Faltante de devolución de un disco en la notebook de intendencia.
- Faltante de cámaras de seguridad contratadas para el galpón municipal y el polideportivo municipal.
- Actas notariales con elementos faltantes en varias direcciones municipales.
- Compra de motores facturados como servicios de rectificación.
- Faltantes de inventario en zona rural. Según detalle adjunto
- Instalación de puntos digitales en la zona rural para uso de una empresa privada que a partir de dicha
- Deuda registrada e informada con el Dpto. general de Irrigación de $2.727.916,36 y en realidad ascendía a la suma de $49.187.578,55.
- Contratación de publicidad por $89,000,000 cuando la autorizada por ordenanza era de $35.000.000, dentro de la deuda impaga.
- Compra de cubiertas y amortiguadores para 6 camionetas alquiladas a funcionarios, posteriormente devueltas y no entregadas al propietario de las camionetas, desconociendo su destino
- Licitación de compra de cemento para obras no autorizadas y no realizadas dentro del marco de la Ley de Obras Públicas 4416.
- Retiro de cemento de comercios por personas ajenas a la Dirección de Obras Públicas.
- Liquidación de haberes a denominados docentes municipales por un convenio inventado y no aprobado por el presupuesto 2023.
- Pago a los locadores de servicio sin exigir el pago mensual del monotributo para el cobro de la locación.
- Manejo discrecional de claves fiscales y facturación de monotributistas sin informar su condición real, generando un perjuicio fiscal enorme tanto para los monotributistas como para las entidades fiscales pertinentes (ATM, AFIP).
- Consumo irregular de combustible por parte de la Secretaría Privada de Intendencia, quien consumió la suma de 14.000 litros durante el 2024, equivalente a 897 litros mensuales o 11.000 km en combustible.
- Falta de registración de certificados y ajustes de precio de EXPTE 3155/2022, lo que pone en evidencia el desmanejo de parte de funcionarios municipales, y la entrega a personas ajenas al municipio de claves fiscales, poderes para el manejo y rendición de fondo de TAD (TRAMITES A Distancia) que eran pagados sin siquiera haber pasado por el departamento de contaduría municipal (adjunto detalle de certificados no registrados)”.
Estas discrepancias, en palabras de Hidalgo, plantearían serias interrogantes sobre la administración de fondos públicos durante la gestión del anterior intendente malargüino Lic. Juan Manuel Ojeda, así como sobre los procesos de control y transparencia en el municipio de Malargüe. El Tribunal de Cuentas continúa su investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y en caso de ser necesario aplicar las sanciones adecuadas.
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