El Gobierno Provincial anunció el Plan de Inversiones que permitirá el desarrollo del proyecto.

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Este espacio está pensado para escuchar y opinar respecto del tema central.

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Tras la denuncia de La Pampa a Mendoza por el supuesto incumplimiento del fallo que la obliga a liberar 3,2 metros cúbicos por segundo de agua del río Atuel, este lunes 3 de junio, en horas de la mañana, los intendentes de Malargüe, General Alvear y San Rafael junto al Superintendente del Departamento General de Irrigación se reunieron en General Alvear para formular una defensa conjunta del río Atuel.

El principal objetivo del encuentro fue destacar la necesidad de resolver el conflicto del río Atuel de manera política, más allá de las disputas judiciales. La reciente presentación de La Pampa ante la Corte Suprema, acusando a Mendoza de un mal uso del agua, ha creado una urgente necesidad de actuar unidos y coordinados para encontrar soluciones técnicas, políticas y económicas que beneficien a ambas provincias.

Los intendentes del sur subrayaron la importancia de trabajar juntos para garantizar un uso sostenible y equitativo de los recursos hídricos. Reconocieron que resolver este conflicto no solo beneficiaría a las provincias involucradas, sino que también sería crucial para el bienestar de toda la región sur de Mendoza.

En este sentido, el intendente de Malargüe, Celso Jaque, aseguró que la única manera de resolver este problema es a través de la política, con la resolución de temas técnicos y financiamiento. “Hoy estamos visibilizando la voluntad política frente a una problemática que nos preocupa, como es la presentación de La Pampa en la Corte Suprema de la Nación,” indicó Jaque. También opinó que la Nación debe involucrarse, ya que fue la primera en regular el río Atuel cuando La Pampa aún no era provincia. “No se puede desconocer la voluntad de Mendoza de encontrar una solución. La provincia aporta al desarrollo de La Pampa con agua desde Punta del Agua hacia Santa Isabel con un acueducto, y desde Malargüe hacia La Ahumada,” detalló.

Por su parte, el intendente de Alvear, Alejandro Molero destacó que este tema de gran impacto político, social y productivo tiene que ver con la defensa de nuestro río Atuel. Luego, continuó manifestando que la participación de todo el arco político del cuarto distrito, incluyendo al ex intendente general de la UTN, representantes provinciales y del ministerio a nivel provincial ha sido fundamental.

Paralelamente, el intendente de San Rafael, Omar Félix, resaltó la importancia de resolver el conflicto mediante soluciones políticas, técnicas y de financiamiento. Félix expresó su preocupación por la judicialización del tema por parte de La Pampa y enfatizó la responsabilidad de la Nación en el conflicto, destacando la contribución de Mendoza al desarrollo de La Pampa con agua. “Nos comprometimos a seguir trabajando en busca de una solución conjunta. Es un problema de todos los mendocinos y necesitamos encontrar un acuerdo político y técnico, asegurando la participación activa en próximas reuniones en apoyo al gobernador de la provincia,” concluyó Félix.

El Superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, resaltó la reunión como muy positiva desde lo político. “Participamos de la cuenca los tres municipios involucrados, los legisladores, los encargados de distribuir el agua, además de irrigación y los inspectores de cauce. Hoy ha sido una jornada niveladora en materia de información y coincidencia total en cómo debemos trabajar a futuro,” concluyó.

Después de la creación de una multisectorial, se presentaron dos recursos administrativos pidiendo reconsiderar lo firmado y suspender el inicio de uso de los fondos. En una reciente declaración, Luis Lucchesi, representante de la multisectorial por la CGT zona sur, expresó la preocupación compartida por diversos sectores, incluyendo empresarios, industriales, y miembros del agro y la Sociedad Rural, respecto a la asignación de fondos destinados a Portezuelo del Viento.

Luchessi destacó que estos fondos, que ascienden a 1023 millones de dólares, estaban originalmente destinados al proyecto de Portezuelo, el cual ha sido objeto de debate y controversia en la región. La preocupación principal radica en la posibilidad de desviar estos fondos hacia otros fines, en lugar de mantenerlos en el sur provincial donde se considera que deben permanecer.

El representante enfatizó que este tema no se trata de un juicio ganado en la nación, sino de un acuerdo derivado de la promoción industrial con una historia que se remonta a las décadas del 70 y 80. Este acuerdo ha sido ratificado en varias ocasiones, siendo la última vez con la firma del ministro de la Nación y el gobernador, y requiere la aprobación de la Cámara de Diputados y Senadores.

La Multisectorial, que reúne a diversos actores tanto del ámbito empresarial como sindical, del agro y la industria, ha presentado recursos legales y planea realizar una convocatoria masiva el jueves 30 de mayo en el teatro cine Roma. El objetivo es unir a la población en defensa de que los fondos permanezcan en el sur provincial y se destinen al resarcimiento económico de los daños causados en la zona.

Se espera que esta movilización y las acciones legales emprendidas contribuyan a garantizar que los fondos asignados a Portezuelo del Viento se utilicen de acuerdo con su propósito original y en beneficio de toda la región sureña de la provincia de Mendoza.

La comunidad sureña se encuentra unida en esta causa, buscando que la inversión en Portezuelo del Viento no se desvíe hacia el norte de la provincia, sino que se utilice para impulsar el desarrollo y generar oportunidades en el sur, especialmente en localidades como Malargüe, San Rafael y Alvear, donde la obra promete ser un motor de crecimiento y creación de empleo.

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Este lunes 20 de mayo, se llevó a cabo una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante para dar cierre al tratamiento de la desaparición de Asfaltita. Situación de la que tomaron conocimiento los concejales en diciembre de 2023 y comenzaron a buscar información obrante en la Municipalidad. A primera vista, los ediles fueron informados de un compromiso existente entre la Municipalidad de Malargüe y la Dirección Provincial de Minería, quien mediante tres actas responsabilizaba a la comuna del resguardo del material. Sin embargo y hasta la fecha, se desconoce donde se encuentra el mismo.

La concejal Silvina Camiolo comentó a Malalweb: “Esta sesión extraordinaria busca cerrar un ciclo que comenzó en diciembre del año pasado. Hemos estado esperando la documentación del municipio, y tras recibirla, decidimos enviar el caso a la Legislatura provincial. Entendemos que hubo una mala gestión por parte de la Dirección Provincial de Minería, responsable del control y seguimiento del material, por lo que no podemos resolver esto a nivel local.”

Según la entrevistada, el objetivo principal de la sesión fue analizar y decidir sobre el envío de toda la documentación recopilada a las comisiones de Derechos y Garantías tanto del Senado como de la Cámara de Diputados de la provincia. “Queremos que la Legislatura investigue lo sucedido, ya que creemos que puede tratarse de delitos contra los bienes del Estado y graves irregularidades ambientales“, añadió Camiolo.

Seguidamente, la edil explicó que la problemática se originó bajo la gestión del intendente Juan Manuel Ojeda, durante la cual se realizó un acuerdo informal con una empresa privada para almacenar el material. Sin embargo, este acuerdo, “carecía de legalidad ante la autoridad minera y en la formalidad administrativa, ya que nunca fue formalmente firmado el comodato por ambas partes. Estaba la firma de la Municipalidad pero no de la empresa”, indicó Camiolo. A pesar de ello, la Concejal remarcó que el material se trasladó “desde una finca, sin la debida autorización y control ambiental hasta la ex fábrica Grassi”. La situación se agravó cuando la Dirección Provincial de Minería realizó una inspección en el lugar y, a pesar de detectar la irregularidad, dejó el material bajo el resguardo de la misma municipalidad.

Es así, que durante estos meses el Concejo Deliberante solicitó informes detallados a la municipalidad, quienes a su vez iniciaron una investigación sumarial y, al constatarse múltiples irregularidades, determinó que la jurisdicción y la competencia recaen ahora sobre la Legislatura Provincial.

“Queremos que la minería se realice de manera adecuada en Malargüe, generando trabajo pero también cuidando el medio ambiente y la salud de los habitantes. Por otro lado, toda actividad minera clandestina no tributa, lo cual genera perjuicios al erario provincial. Por eso, es crucial que la Legislatura tome cartas en el asunto y se investiguen las responsabilidades pertinentes,” concluyó Camiolo.

El caso ahora está en manos de la Legislatura de Mendoza, que deberá evaluar la documentación y determinar las acciones legales y administrativas correspondientes para esclarecer la desaparición de las 300 toneladas de Asfaltita.

^{Foto de portada: Archivo}

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El intendente Celso Jaque presentó un proyecto al Concejo Deliberante local, donde detalló la historia de la Radio Malargüe LV19 y los puntos clave para su protección. La emisora, fundada por vecinos de Malargüe, surgió como un esfuerzo comunitario para establecer un medio de comunicación en una región fronteriza con escasas opciones radiofónicas, lo que llevaba a los habitantes a escuchar radios de Chile. En sus inicios, la radio municipal transmitía desde el edificio del municipio, llegando a las zonas más remotas de Mendoza y provincias vecinas como Neuquén.

Con el tiempo, la emisora pasó a formar parte de un sistema de emisoras comerciales bajo el gobierno nacional, siendo considerada una “donación gratuita” del municipio. El edificio de la radio, construido por la Municipalidad de Malargüe, se convirtió en un importante espacio para los malargüinos.

Ante la amenaza de privatización o cierre de la emisora, el Ejecutivo presentó al HCD un proyecto de Ordenanza que busca resguardar la Radio Malargüe. En primer lugar, se propone declarar de interés departamental a la emisora por su función social y comunitaria. Además, se busca proteger el predio de la radio como Patrimonio Cultural, evitando su posible venta y asegurando su uso exclusivo para la Radio Malargüe.

El intendente solicitó, además, autorización para iniciar negociaciones con el Gobierno Nacional con el objetivo de recuperar la emisora y transferirla al ámbito municipal en caso de privatización o cese de la misma por orden nacional. Destacó la importancia de medir la rentabilidad social de la radio, subrayando que su valor va más allá de lo económico al ser el principal medio de comunicación e información para los habitantes de la zona rural.

Finalmente, pidió a los concejales su tratamiento urgente y anheló que los ediles acompañen la iniciativa por el bien común de los pobladores rurales. En este sentido expresó: “El mayor costo es que perdamos la radio que hoy nos sirve para comunicarnos, dejar a los puesteros incomunicados es el punto más alto”.

^{Fuente: Municipalidad de Malargüe}

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La Senadora Alejandra Barros, del Bloque Frente de Todos Partido Justicialista, en la Fiesta de la Vuelta de Veranador, dio a conocer que presentó ante la Cámara de Diputados y Senadores, el Proyecto de Ley en que las tierras de Bardas Blancas pasen a donación con cargo a la Municipalidad de Malargüe.

El objetivo en este paraje, del distrito de Río Grande de nuestro departamento, es comenzar con un desarrollo urbanístico y ordenando para que la población del mismo pueda crecer sin necesidad de emigrar a la ciudad o demás departamentos. Cabe destacar, que estos terrenos, en el sistema catastral provincial, figuran actualmente como ‘INCULTO’, es decir, en estado natural, con una superficie de 300 hectáreas aproximadamente.

Asimismo, la Organización de Naciones Unidas, en el objetivo del desarrollo sostenible, busca transformar radicalmente la forma en la que se construyen las ciudades para que sean más inclusivas, seguras y sostenibles, por ende, surge esta necesidad para que este paraje se planifique correctamente con su crecimiento y gestión.

“Avanzar en este proyecto, me genera mucho orgullo poder darles voz a los lugareños de esta zona rural ” – finalizó Barros.

^{Fuente: Municipalidad de Malargüe}

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El Legislador del Partido Verde recorrió diferentes puntos del departamento sureño, junto a Concejales de “Reconstruyendo Malargüe” y de la “Unión mendocina”.

“Este es uno de los Departamentos que se va a ver más afectado por la disposición, unilateral de Cornejo, de afectación de los Fondos de Portezuelo del Viento”, comenzó explicando.

“Malargüe es un departamento que ha sido relegado. Hemos recorrido distintos puntos, en especial el distrito de Las Loicas. Aquí los puesteros siguen esperando la realización de lo prometido con la Ley de Arraigo; pero también obras que solucionen las problemáticas energéticas que tienen aquí”, siguió Fugazzotto.

Para concluir, adelantó la postura que tomarán en la Legislatura junto a su compañero de banca Mauro Giambastiani: “Vamos a reclamar que parte del dinero de Portezuelo del Viento se destinen a las obras que le corresponden al Departamento”.

A su vez, ejemplificó: “pequeñas centrales hidroeléctricas, que se apunte al chivoducto y que se invierta en la regularización de las tierras para darle seguridad jurídica a un montón de familias”.

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En una sesión de gran importancia, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) ha dado inicio, en el día de la fecha, al análisis del Presupuesto 2024, un documento de 146 folios que detalla minuciosamente las proyecciones financieras y asignaciones propuestas por el Ejecutivo local.

El Presupuesto 2024, ingresado en la sesión de este jueves 9 de mayo, ha tomado estado parlamentario y ha sido remitido a la Comisión de Hacienda, cuya composición ha sido ampliada para incluir a los diez concejales. Además se aprobó el tratamiento preferencial, el que permite que el HCD disponga de un plazo de diez días hábiles para su aprobación, con la posibilidad de solicitar una extensión de diez días adicionales si el tiempo resulta insuficiente.

Con un análisis detallado, el Presupuesto del Ejecutivo 2024 aborda diversos aspectos, desde inversiones en infraestructura hasta programas sociales. Este documento sienta las bases financieras para el próximo año, reflejando las prioridades y objetivos de la gestión municipal.

Será el Legislativo quien determine mediante su tratamiento la aprobación, o no, de cada una de las partes del mismo y además serán quienes voten, a favor o en contra de las partidas destinadas a cada gasto que se haga desde la Municipalidad de Malargüe tales como obra pública, publicidad, personal municipal, entre otros.

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El Tribunal de Cuentas ha requerido explicaciones a funcionarios de la gestión de Juan Manuel Ojeda respecto a las irregularidades detectadas por Rodrigo Hidalgo, actual Presidente del Honorable Concejo Deliberante, quien en su momento se encontraba como Intendente Interino del departamento.

Durante su período como intendente interino, Hidalgo descubrió varias anomalías en los registros municipales y presentó pruebas sustanciales al Tribunal de Cuentas, destacando la discrepancia entre lo declarado por la administración saliente y lo encontrado en el inventario y cuentas municipales.

En un diálogo exclusivo con Malalweb, Hidalgo expresó su preocupación por las deficiencias en el proceso de transición de gobierno, señalando que “cuando entra una gestión y sale otra, corresponde hacer entrega de la gestión, el ejercicio contable y el inventario de los bienes patrimoniales“. Sin embargo, denunció que solo recibió un acta de dos hojas, lo cual resultó insuficiente.

El Tribunal de Cuentas invocó el acuerdo 870, que permite un plazo de 60 días para verificar la información proporcionada por la administración saliente y corregir posibles discrepancias. Actualmente, el Tribunal solicitó justificación de estas irregularidades a ciertos funcionarios previo a definir si corresponde o no, una sanción.

En este sentido, es necesario especificar que en caso de que el funcionario notificado dé las explicaciones y fundamentos correspondientes, y que el Tribunal determine la veracidad de los dichos; su persona no se vería perjudicada por una sanción. De lo contrario, enfrentarían algún tipo de castigo.

Entre las irregularidades detectadas, las cuales están en proceso de verificación, se encuentran las siguientes:

1. “Devolución de tres celulares de última generación declarados como inutilizados y fueron encontrados quemados con ácido.
2. Faltante de devolución de una cámara GoPro
3. Faltante de devolución de un disco en la notebook de intendencia.
4. Faltante de cámaras de seguridad contratadas para el galpón municipal y el polideportivo municipal.
5. Actas notariales con elementos faltantes en varias direcciones municipales.
6. Compra de motores facturados como servicios de rectificación.
7. Faltantes de inventario en zona rural. Según detalle adjunto
8. Instalación de puntos digitales en la zona rural para uso de una empresa privada que a partir de dicha
9. Deuda registrada e informada con el Dpto. general de Irrigación de $2.727.916,36 y en realidad ascendía a la suma de $49.187.578,55.
10. Contratación de publicidad por $89,000,000 cuando la autorizada por ordenanza era de $35.000.000, dentro de la deuda impaga.
11. Compra de cubiertas y amortiguadores para 6 camionetas alquiladas a funcionarios, posteriormente devueltas y no entregadas al propietario de las camionetas, desconociendo su destino
12. Licitación de compra de cemento para obras no autorizadas y no realizadas dentro del marco de la Ley de Obras Públicas 4416.
13. Retiro de cemento de comercios por personas ajenas a la Dirección de Obras Públicas.
14. Liquidación de haberes a denominados docentes municipales por un convenio inventado y no aprobado por el presupuesto 2023.
15. Pago a los locadores de servicio sin exigir el pago mensual del monotributo para el cobro de la locación.
16. Manejo discrecional de claves fiscales y facturación de monotributistas sin informar su condición real, generando un perjuicio fiscal enorme tanto para los monotributistas como para las entidades fiscales pertinentes (ATM, AFIP).
17. Consumo irregular de combustible por parte de la Secretaría Privada de Intendencia, quien consumió la suma de 14.000 litros durante el 2024, equivalente a 897 litros mensuales o 11.000 km en combustible.
18. Falta de registración de certificados y ajustes de precio de EXPTE 3155/2022, lo que pone en evidencia el desmanejo de parte de funcionarios municipales, y la entrega a personas ajenas al municipio de claves fiscales, poderes para el manejo y rendición de fondo de TAD (TRAMITES A Distancia) que eran pagados sin siquiera haber pasado por el departamento de contaduría municipal (adjunto detalle de certificados no registrados)”.

Estas discrepancias, en palabras de Hidalgo, plantearían serias interrogantes sobre la administración de fondos públicos durante la gestión del anterior intendente malargüino Lic. Juan Manuel Ojeda, así como sobre los procesos de control y transparencia en el municipio de Malargüe. El Tribunal de Cuentas continúa su investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y en caso de ser necesario aplicar las sanciones adecuadas.

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