Mario Vadillo, presidente del Partido Verde y abogado especializado en defensa del consumidor, denunció públicamente que el Gobierno nacional comenzó a desmantelar de manera silenciosa la Ley de Zonas Frías, lo que representa un aumento encubierto en la tarifa de gas para miles de usuarios en Mendoza y otras regiones del país. A través de una resolución (leer aquí), se redujo el alcance del beneficio del 50% que establecía la ley, reemplazándolo por un esquema más restrictivo, condicionado y regresivo.
“La Ley 27.637 fue un avance en términos de equidad federal. Reconoció que vivir en una zona fría implica un mayor consumo de gas por necesidad climática, no por derroche ni lujo. Por eso estableció un descuento automático del 50% en la tarifa plena para todos los usuarios residenciales de zonas frías, sin importar sus ingresos”, explicó Vadillo.
Esa norma, sancionada en 2021, corrigió una injusticia histórica: antes de su vigencia, el mayor consumo derivado del clima ubicaba automáticamente a los usuarios en categorías tarifarias más caras, como si se tratara de consumidores de alto poder adquisitivo. “Fue una medida basada en el lugar donde uno vive, no en cuánto gana”, sostuvo.
Sin embargo, el 26 de mayo de 2025, el Gobierno nacional publicó la Resolución 219/2025 de la Secretaría de Energía, que introduce una modificación sustancial: quienes tengan más de un medidor de gas a su nombre perderán el beneficio automático del 50% y pasarán a recibir solo un 30%, salvo que acrediten vulnerabilidad socioeconómica ante ANSES.
“Esta resolución presupone que tener más de un medidor equivale a ser propietario de múltiples inmuebles y tener capacidad económica suficiente. Pero eso no siempre es así. En Mendoza, es muy común que un padre tenga el medidor de su hija, o que una persona a cargo de un adulto mayor registre a su nombre el servicio”, explicó Vadillo. “Esa presunción vulnera el principio de legalidad y desnaturaliza completamente el sentido de la ley”.
Vadillo advirtió que este cambio se realizó sin debate público, sin audiencia, sin dictámenes técnicos y sin un análisis transparente del impacto económico. “Es un ajuste que afecta a los usuarios más expuestos al frío, sin permitirles siquiera ejercer su derecho a defensa. Se penaliza a personas que actuaron legal y solidariamente, y se las obliga a realizar trámites complejos para recuperar un derecho que tenían garantizado”.
El problema, según el abogado, es que se está modificando una ley por medio de una resolución administrativa, lo cual es ilegal. “Una resolución no puede cambiar el contenido de una ley votada por el Congreso. La Secretaría de Energía no tiene atribuciones para reinterpretarla ni para excluir a usuarios que cumplen con el único requisito que exige la norma: vivir en una zona fría”.
Según Vadillo, lo más grave es que esta resolución instala un nuevo criterio: ya no alcanza con vivir en una zona fría para acceder al beneficio, ahora hay que demostrar vulnerabilidad, bajo parámetros que ni siquiera están del todo claros. “Se reemplaza una política de equidad territorial por un modelo de subsidios condicionados. Es un cambio de lógica que puede extenderse en el futuro a quienes tengan más de una propiedad, cierto nivel de ingresos o consumo eléctrico superior al promedio”.
“Esto abre la puerta a que se excluya a más gente bajo criterios discrecionales. Hoy te quitan el descuento por tener dos medidores. Mañana, por tener un auto. Es regresivo, arbitrario y totalmente contrario al espíritu de la ley”, denunció.
“Mendoza ya está castigada por el sistema tarifario que penaliza el mayor consumo sin tener en cuenta el clima. La Ley de Zonas Frías vino a corregir eso. Esta resolución lo destruye de un plumazo”, señaló Vadillo. “No es casual que los recortes siempre empiecen por el interior. Donde hace más frío y donde cuesta más resistir”.
Vadillo concluyó con un mensaje claro: “El frío no se elige. No es una conducta que se pueda cambiar. Y por eso, la tarifa diferencial por zona no puede depender de si el Estado considera que sos suficientemente pobre. No es un privilegio. Es una cuestión de equidad. Y desarmarla sin debate es lisa y llanamente ilegal”.
Fuente: Prensa del Partido Verde
