Por Concejal Silvina Camiolo

Las donaciones en el estado no son algo inusual, pero su manejo debe estar regido por un marco normativo estricto que busque evitar la corrupción, las coimas, el tráfico de influencias o la compra de voluntades. En el caso de los municipios, la Ley 1079, Orgánica de Municipalidades, establece que el Concejo Deliberante es el encargado de aceptar o rechazar las donaciones que se hacen al municipio, tal como lo señala el artículo 71, inciso 4. Esto se hace para garantizar que las donaciones se realicen en condiciones de total transparencia y sin ningún tipo de irregularidad.

Sin embargo, la reciente decisión de la intendencia de aceptar una donación sin pasar por los procedimientos establecidos ha puesto en duda la correcta aplicación de esta normativa. En noviembre de 2024, la intendencia dictó un decreto ordenando que el Concejo Deliberante se constituya en sesión especial para tratar una donación previamente aceptada por el propio intendente, sin haber pasado por el órgano legislativo correspondiente. La donación en cuestión consistía en dos colectivos donados por la empresa Iselín.

Este acto administrativo fue incorrecto desde varios puntos de vista. En primer lugar, un decreto del intendente tiene jurisdicción únicamente sobre su propio ámbito de actuación, por lo que no puede ordenar el funcionamiento de otras instituciones, como el Concejo Deliberante. De haber sido necesario, bastaba con una nota de elevación que solicitara la convocatoria de una sesión del Concejo. En segundo lugar, el decreto solicitaba una “sesión especial”, cuando el término correcto es “sesión extraordinaria”. Además, en tres ocasiones anteriores ya se había advertido al Ejecutivo municipal que las donaciones solo pueden ser aceptadas por el Concejo Deliberante, no por el intendente. (Ver vídeo publicado por el Intendente anunciando dicha donación)

Más allá de estos aspectos técnicos, la normativa vigente establece que en el periodo extraordinario es responsabilidad del presidente del Concejo Deliberante convocar a sesión. Sin embargo, este proceso no se cumplió en los últimos meses, y a pesar de la falta de legalidad en el procedimiento, el municipio comenzó a utilizar los colectivos donados.

Luego, los tres concejales del oficialismo de Jaque convocaron a sesión especial y, dos de ellos, estuvieron ausentes sin previo aviso el mismo día de la sesión, contribuyendo a la falta de quórum.

Surgen varias preguntas: ¿qué tipo de cobertura tienen los ciudadanos que han viajado en estos colectivos? ¿Qué pasaría si se produjera una catástrofe mientras los vehículos están en funcionamiento sin haber sido legalmente aceptados? ¿Por qué el presidente del Concejo Deliberante no ha convocado a sesión, y por qué el Ejecutivo, que pertenece al mismo color político, ha decidido hacer uso de estos vehículos, vulnerando el marco legal provincial? ¿Por qué los concejales del oficialismo convocan a sesión y luego son ellos mismos quienes no asisten a sesión?

En el estado, una donación no es efectiva hasta que no es aceptada por la institución de control correspondiente: el Concejo Deliberante en los municipios y la Legislatura en la provincia. Este procedimiento ha sido la norma desde 1934, y su propósito es garantizar la transparencia en los actos de gobierno. No obstante, la intendencia parece haber optado por desconocer estas reglas, lo que podría tener consecuencias muy graves. Al ignorar estos procedimientos, se corre el riesgo de abrir la puerta a prácticas autoritarias, como las que se observan en las dictaduras, donde las decisiones unilaterales del poder ejecutivo no son controladas por las instituciones democráticas.

Es curioso observar que, en este contexto, tanto el presidente Milei como el gobernador Cornejo han sido condenados por prácticas similares en el pasado. Ahora, la pregunta es: ¿serán estos dos actores políticos tan diferentes de los que gobiernan en el municipio, o simplemente tienen el mismo modus operandi? Es fundamental que los responsables del gobierno actúen conforme a la ley y respeten los principios de transparencia y control, sin importar las disputas internas o los intereses políticos.

El caso actual pone en evidencia lo que podría ser una peligrosa tendencia de vulnerar las reglas establecidas para beneficiar intereses particulares. Las donaciones, que deberían ser un instrumento de beneficio público, no deben ser aprovechadas de forma irresponsable por el poder ejecutivo, ya que su manejo adecuado depende de la supervisión de los órganos de control. Es responsabilidad de todos los actores políticos y ciudadanos exigir que se respeten los marcos legales establecidos y evitar que el abuso de poder termine por socavar la democracia.