Por Concejal Silvina Camiolo

Las imágenes que llegaron desde Venezuela después del terremoto no solo mostraron edificios dañados. Dejaron al descubierto algo mucho más preocupante: hospitales colapsados, organismos descoordinados y una población que recibía alertas sísmicas en sus teléfonos sin siquiera comprender qué significaban.

Mientras observaba esas escenas pensé inevitablemente en Malargüe: qué pasaría si mañana nos tocara a nosotros.

No sería la primera vez. En 2010 el terremoto y tsunami que devastaron Chile se sintieron con fuerza en nuestro departamento. En 2018 y sucesivamente, vivimos horas de enorme incertidumbre por la actividad del volcán Peteroa y otros. Se conformaron mesas de trabajo, se elaboraron protocolos y el Concejo Deliberante produjo distintas acciones para fortalecer la respuesta institucional.

En 2023 llegó la contingencia nívea. Dos vecinos perdieron la vida. Hubo pérdidas económicas, animales muertos, familias aisladas y daños que nunca terminaron de cuantificarse. También hemos atravesado inundaciones, temporales de viento que arrancaron techos y destruyeron estructuras, incendios rurales y distintos eventos que nos recuerdan que vivimos en un territorio donde la emergencia no es una posibilidad remota: es una realidad periódica.

Y, sin embargo, seguimos actuando como si la próxima contingencia fuera un problema del futuro.

Después de la tragedia de 2023, impulsamos desde el Concejo Deliberante la Ordenanza 2255/2023. Fue elaborada conjuntamente con miembros de la comunidad y aprobada por unanimidad y estableció algo tan simple como indispensable: que el Departamento Ejecutivo presente todos los años un Plan Departamental de Contingencias, actualizado, público y conocido por la ciudadanía.

No era un trámite administrativo. Era una herramienta para salvar tiempo, recursos y, eventualmente, vidas.

Ese plan debía establecer responsabilidades, protocolos, coordinación entre organismos, capacitación comunitaria, comunicación de riesgos y actualización permanente frente a nevadas intensas, incendios, sismos, cenizas volcánicas, vientos o inundaciones.

Sin embargo, nunca ocurrió. No se presentó en 2024. No se presentó en 2025. Y tampoco este año.

El propio Concejo debió aprobar una nueva resolución en el año 2025, recordándole al Municipio que cumpliera una ordenanza vigente. Una situación insólita: tener que dictar una resolución para pedir que se cumpla una ley local aprobada por unanimidad.

A esta altura ya no alcanza con hablar de una demora administrativa. Es una muestra más de un Estado que llega tarde.

Porque mientras se producen videos promocionales, se multiplican las fotografías institucionales, se participa de jornadas sobre modernización del Estado y se viaja para presenciar inauguraciones ajenas, sigue pendiente una de las obligaciones más elementales de cualquier gobierno: prepararse antes de que ocurra una emergencia.

Y no vale decir que faltan recursos. Malargüe tiene Dirección de Defensa Civil. Tiene personal. Tiene presupuesto. Tiene experiencia. Lo único que sigue faltando es decisión política.

La diferencia entre una contingencia y una tragedia casi nunca la determina la fuerza de la naturaleza. La determina el nivel de preparación del Estado.

¿Qué podemos hacer?

Todavía estamos a tiempo. No para reaccionar cuando vuelva a nevar o cuando llegue el próximo sismo. Estamos a tiempo para planificar.

Por eso, creo que el Municipio debería convocar antes de finalizar el año, a lo que conocemos como COEM (comité operativo de emergencia municipal), que es el espacio de trabajo coordinado que se activa en el departamento ante desastres, temporales, aluviones u otras crisis, para organizar los recursos y ejecutar los planes de contingencia departamentales; una Mesa Departamental Permanente de Gestión Integral del Riesgo, integrada por Defensa Civil, Bomberos, Salud, Educación, organismos científicos, fuerzas de seguridad, productores, uniones vecinales, clubes, iglesias, organizaciones civiles y el propio Concejo Deliberante. De ese espacio debería surgir el Plan Anual de Contingencias que la ordenanza exige hace tres años y que hoy sigue siendo una deuda.

Pero, además, propongo ir un paso más allá, sin inventar nada nuevo.

Que cada escuela, cada barrio y cada institución del departamento participe una vez al año de simulacros y jornadas de capacitación. Que la población conozca los protocolos, sepa interpretar las alertas, identifique zonas seguras y tenga información clara antes de que llegue la emergencia. Porque la prevención también se enseña. Y porque una comunidad preparada responde mejor, se organiza más rápido y sufre menos.

Gobernar no consiste solamente en administrar el presente. También consiste en prepararnos para aquello que esperamos que nunca ocurra. La naturaleza no avisa cuándo llegará la próxima contingencia. La diferencia la hará si el Estado decidió prepararse… o volvió a mirar para otro lado.