La investigación judicial por la muerte de Emma Jaque registró nuevos avances tanto en el fuero civil como en el penal. Hace unos días, se realizó la audiencia inicial de la demanda civil impulsada por la familia de la menor, mientras que en la causa penal continúan desarrollándose medidas probatorias orientadas a determinar las circunstancias de su fallecimiento y las eventuales responsabilidades derivadas de la atención médica recibida.

Al respecto, la jueza María Paz Zabalegui, a cargo del proceso civil, informó que durante la audiencia se delimitó el objeto de la prueba, se fijaron los hechos controvertidos y quedó formalmente trabada la litis entre las partes. Además, explicó que se abrió la etapa probatoria, durante la cual se incorporarán los elementos de prueba ofrecidos por demandantes y demandados.

Según detalló la magistrada, este período culminará el próximo 10 de noviembre con la audiencia testimonial, instancia en la que declararán los testigos. Posteriormente, las partes presentarán sus alegatos y el tribunal deberá resolver sobre el reclamo indemnizatorio impulsado por los padres de Emma en busca de una reparación por el fallecimiento de su hija.

“En el ámbito civil los procesos suelen ser menos visibles porque son de carácter privado, pero la causa continúa avanzando”, señaló Zabalegui, quien manifestó la expectativa de que el expediente pueda alcanzar una resolución una vez concluida la etapa de producción de pruebas.

Por su parte, la abogada de la familia Jaque Villouta, Daniela Barrera, destacó que la investigación penal también ha mostrado avances significativos en los últimos meses. Explicó que el expediente busca esclarecer qué ocurrió durante la atención médica de Emma, quiénes intervinieron y si existieron eventuales fallas profesionales o institucionales.

En ese marco, indicó que recientemente se llevaron adelante medidas impulsadas por la fiscal del caso, entre ellas una inspección ocular y el secuestro de documentación en la clínica donde Emma fue atendida inicialmente. Según precisó, la Justicia busca analizar aspectos vinculados a la infraestructura destinada a la atención pediátrica, el manejo de medicamentos, insumos y registros de enfermería relacionados con los hechos investigados.

La representante legal sostuvo que una de las principales hipótesis que sostiene la querella está vinculada a la presunta administración incorrecta de cloruro de potasio. De acuerdo con esa línea investigativa, el suministro de dicha sustancia habría ocurrido el mismo día en que Emma sufrió un paro cardiorrespiratorio que posteriormente derivó en su fallecimiento.

Respecto de la causa civil, la abogada explicó que inicialmente la demanda fue dirigida únicamente contra la firma de la clínica. Sin embargo, a medida que avanzó el proceso y surgieron nuevos elementos probatorios, la Justicia dispuso incorporar a otros posibles responsables. Entre ellos figuran profesionales de la salud, el Hospital Regional Malargüe y las compañías aseguradoras involucradas, cuya eventual responsabilidad deberá ser evaluada durante el desarrollo del proceso.

Finalmente, la letrada remarcó que el objetivo de la familia continúa siendo el esclarecimiento de lo ocurrido. “Lo importante es que la causa ha avanzado, se han tomado numerosas medidas y esperamos que se pueda conocer la verdad, determinar las responsabilidades que correspondan y que finalmente se haga justicia”, concluyó Barrera.