Por concejal Silvina Camiolo

Hay algo que en Malargüe conocemos demasiado bien: la distancia entre los anuncios grandilocuentes y la realidad cotidiana. Porque mientras desde Mendoza y Buenos Aires se discuten siglas sofisticadas como RIGI o MDMO, acá todavía seguimos esperando cosas bastante menos glamorosas, pero esenciales: rutas asfaltadas, cloacas, gas, conectividad y desarrollo real.

Menos de 300 kilómetros asfaltados frente a más de 3000 kilómetros de trazas. Paralización de la obra de cloacas. Barrios enteros dependiendo de garrafas (que, paradójicamente, envía el mismo estado que no ha resuelto el problema estructural). Y un gasoducto Papagayos que fue prometido tantas veces que ya forma parte del folklore político mendocino. Fogoneado por Julio Cobos primero, anunciado con entusiasmo por Celso Jaque después, y ni siquiera concretado cuando el propio Jaque llegó a la gobernación.

Por eso cuesta tanto pedirle a la ciudadanía que crea, otra vez, en la promesa del “derrame”. Porque antes de hablar de miles de millones de dólares, los malargüinos queremos saber algo mucho más simple: ¿Qué cambia concretamente en nuestra vida?

El problema es que el lenguaje con el que se presentan estas iniciativas parece diseñado para que nadie entienda demasiado. Y cuando la política deja de hablar claro, la ciudadanía empieza a sospechar.

El RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones— es, básicamente, un sistema de beneficios extraordinarios para empresas que inviertan grandes sumas de dinero en sectores estratégicos: minería, energía, petróleo, infraestructura.

¿Beneficios de qué tipo? Menos impuestos. Facilidad para importar maquinaria sin aranceles. Estabilidad fiscal por décadas. Y posibilidad de disponer libremente de parte de las divisas generadas. La explicación oficial es sencilla: “si no damos ventajas extraordinarias, las inversiones se van a otro país”.

Y ahí aparece el segundo concepto: el MDMO, el Malargüe Distrito Minero Occidental. Una enorme planificación territorial que agrupa decenas y decenas de proyectos mineros -sobre todo de cobre- para convertir a Malargüe en uno de los polos extractivos más importantes del país.

Dicho en lenguaje simple: Mendoza entendió que, sola, una exploración pequeña no entra cómodamente en el esquema del RIGI. Entonces decidió darle “volumen” político y económico agrupando proyectos bajo un mismo paraguas estratégico.

Hasta ahí, la explicación técnica. Pero el problema nunca es solamente técnico. El problema es histórico y social. Porque Malargüe ya escuchó esto antes. Escuchó sobre desarrollo definitivo con el petróleo. Escuchó sobre el ferrocarril. Escuchó sobre soda Solvay y Potasio Río Colorado.
Escuchó sobre Portezuelo del Viento. Y ahora escucha sobre el cobre.

Y, sin embargo, seguimos teniendo rutas destruidas, localidades aisladas, servicios básicos incompletos y una economía extremadamente dependiente de decisiones tomadas a cientos de kilómetros. Por eso la discusión verdadera no es “minería sí o minería no”. Esa simplificación es cómoda para los fanáticos, pero inútil para gobernar.

La discusión real es otra: ¿Cómo evitamos repetir el modelo histórico donde la riqueza sale del territorio, pero el desarrollo nunca termina de quedarse? Porque incluso sectores empresarios mendocinos advierten algo preocupante: el RIGI podría transformarse en un esquema de enclave. Es decir: empresas que llegan, extraen recursos, importan maquinaria desde afuera, contratan personal altamente especializado de otras provincias, exportan materia prima y dejan poco valor agregado local.

Y esa preocupación no nace solamente de ambientalistas, a quienes siempre la política de turno intenta deslegitimar. También surge de cámaras industriales y PyMEs que temen quedar completamente afuera del circuito económico. La pregunta entonces es legítima: si las grandes inversiones tendrán beneficios fiscales extraordinarios, ¿Qué garantías concretas existen para los pueblos que ponen el territorio, el agua, los caminos y la presión social? ¿Qué garantías tienen las PyMEs?

Porque mientras se discute libre disponibilidad de divisas, en muchos barrios y parajes todavía no hay libre disponibilidad de agua potable, solo por mencionar un servicio. Mientras se habla de transición energética global, hay familias calefaccionándose con leña porque el gas nunca llegó (leña que también ahora se saca de la cortina forestal). Y mientras se anuncian inversiones multimillonarias, comerciantes locales siguen cerrando persianas. Eso no significa negar oportunidades. Negar la potencialidad minera sería tan irresponsable como idealizarla.

El cobre efectivamente será estratégico en el mundo que viene. La transición energética global necesita minerales críticos. Y Malargüe tiene condiciones geológicas que pueden convertirlo en protagonista. Pero protagonismo no es lo mismo que desarrollo. Desarrollo es que las regalías se traduzcan en infraestructura durable. Desarrollo es que haya proveedores locales competitivos. Desarrollo es que los jóvenes no tengan que irse para conseguir trabajo calificado. Desarrollo es que la riqueza quede también en el territorio y no solamente en balances corporativos.

Y sobre todo, desarrollo es que la política deje de administrar expectativas y empiece a mostrar resultados. Que dejen de aparecer en videos de redes sociales autorreferenciales y comiencen a gestionar y votar en favor de los malargüinos (no por mandato partidario o de las grandes corporaciones).

Porque la ciudadanía ya no desconfía por capricho. Desconfía porque tiene memoria. Y en Mendoza -especialmente en Malargüe- la memoria pesa mucho más que cualquier Power Point de inversión extranjera o anuncio con bombos y platillos.