Pese a un nuevo revés judicial en la Cámara de Apelaciones de San Rafael, la OSEP sigue sin completar la entrega de los insumos esenciales que adeuda desde hace diez meses a una niña con CUD, de 7 años y oriunda de Malargüe.
La Cámara de Apelaciones de San Rafael rechazó suspender un fallo judicial que obligó a la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) a entregar insumos médicos esenciales para la niña malargüina de 7 años que padece la asociación VACTERL y cuenta con Certificado Único de Discapacidad. La medida responde a las reiteradas presentaciones de su familia ante los persistentes retrasos en la provisión de tratamientos e indispensables elementos para su atención cotidiana. La Cámara todavía debe resolver el fondo de la apelación.
Esta situación volvió a ser visibilizada públicamente por su padre, Marcos Torres, quien responsabilizó a la obra social por la salud de su hija y por la integridad suya y de la mamá de la menor frente a los constantes contratiempos administrativos y a los reclamos sin respuesta en múltiples prestaciones.
No es la primera vez que la familia debe acudir a los tribunales o a la opinión pública para exigir el cumplimiento de las prestaciones básicas. En 2022 ya habían recurrido a la Justicia y en 2025 reclamaron durante meses y recibieron una parte de los insumos recién en octubre.
“Siempre hay un problema. Todos los años se les olvida Martina, todos los años se les olvida un afiliado en Malargüe. Y las demoras para darle una solución son largas y tediosas. Y mientras tanto, nosotros como papás sostenemos un sistema con la cadena de pagos cortada y, encima, la OSEP no da respuesta”, sostuvo Torres.
El año pasado, cuando la situación se hizo pública, la obra social pidió al padre de la menor que se abstuviera de hacer declaraciones públicas, lo que evidencia la tensión constante ante la falta de soluciones definitivas. Este año se volvieron a acumular diez meses de demoras en la entrega del pedido anual de insumos, presentado en diciembre de 2025.
El nuevo revés judicial para la obra social
Frente a la falta de entrega completa, la familia acudió nuevamente a la Justicia y el pasado 21 de octubre un juez ordenó a la OSEP entregar los elementos requeridos en un plazo máximo de cinco días hábiles y designar un responsable institucional para coordinar los pedidos.
La obra social apeló. Su representación legal argumentó que la prestación “nunca le fue negada” y calificó el plazo fijado como “irrazonable”. El juez concedió el recurso sin efecto suspensivo, es decir, la OSEP debe cumplir mientras se revisa.
El 29 de octubre, la Cámara de Apelaciones de San Rafael rechazó un nuevo pedido de la OSEP para suspender la ejecución de la sentencia. El tribunal fundamentó su decisión en que la ley no contempla excepciones para este tipo de recursos y en que se trata de “prestaciones de salud dispuestas en favor de una niña con discapacidad”. El juez de primera instancia había remarcado que la situación de Martina “exige una protección reforzada”.
Mientras la Cámara resuelve el fondo del asunto, la familia advierte que las faltas y discontinuidades en los insumos pueden generar lesiones cutáneas, sangrado e infecciones, y comprometer el estado general de la menor. “Mi hija sufre irritaciones y lesiones graves en la piel. Por la altura de su colostomía, un mal cuidado de las heridas puede terminar en una infección”, dijo Torres.
Marco normativo y obligaciones vigentes
La sentencia cita la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 24), que reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, y la Ley provincial 8.373, que según el fallo estableció la obligación de la OSEP de otorgar cobertura integral en el marco de la Ley 24.901.
“En vez de dedicarnos a cuidar la salud y la integridad de nuestra hija, tenemos que andar desfilando por los pasillos de los tribunales y los juzgados para que la obra social cumpla con lo que dice la ley”, expresó Torres, quien anticipó que la familia analiza nuevas acciones legales por otras prestaciones que presentan atrasos: transporte, maestra, cuidador, pañales y un carro ortopédico nuevo, entre otras.
“Sabemos la gravedad del cuadro de nuestra hija. Por eso responsabilizo y denuncio públicamente a la OSEP por la salud de mi hija y por lo que pueda pasarle: en este momento, su cobertura es responsabilidad de ellos”, afirmó.
