Vecinos de Malargüe, liderados por Luciana Villegas, entregaron un petitorio al intendente Celso Jaque solicitando una solución urgente para los pacientes que dependen del tratamiento de hemodiálisis en el único centro de la localidad y una audiencia con él para poder dialogar sobre este tema. La petición llega después de una denuncia (ver aquí) sobre las “deficientes condiciones de higiene y seguridad en el Centro de Hemodiálisis”, que, según los testimonios de la familia Villegas, habrían puesto en riesgo la vida de varios pacientes, incluido el padre de Villegas, quien falleció el pasado 9 de febrero.
El petitorio, respaldado por la recolección de firmas de los afectados, pide la creación de una alternativa confiable y segura para los pacientes que requieren hemodiálisis en el departamento. Al principio del escrito se lee el pedido al mandatario de “realizar todo aquello que sea necesario para que el Departamento de Malargüe tenga una opción confiable, segura y de calidad para el tratamiento de hemodiálisis de todos los pacientes que necesitan del mismo para tener una mejor calidad de vida, y que en la actualidad, con temor a sufrir consecuencias nefastas deben realizarse dicho tratamiento en el Centro de Hemodiálisis Malargüe.”
Luciana Villegas, quien inició esta movilización tras la muerte de su padre, expresó su preocupación por la falta de medidas de seguridad y de atención médica durante los tratamientos. Según su relato, su padre, diagnosticado con insuficiencia renal crónica en agosto de 2024, sufrió complicaciones graves tras una sesión de diálisis y, pese a ser enviado a su hogar en condiciones críticas, su salud empeoró rápidamente, falleciendo semanas después en el hospital de Malargüe.
El petitorio, que destaca el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Nacional, solicita a las autoridades municipales y provinciales que gestionen una solución para que los pacientes de Malargüe puedan acceder a tratamientos de hemodiálisis en condiciones seguras, evitando que más vidas se vean comprometidas.
La entrega del petitorio al Intendente busca generar una respuesta rápida de las autoridades locales, quienes deberán intervenir para garantizar que los pacientes reciban el tratamiento adecuado y en condiciones óptimas de bioseguridad. Las familias afectadas siguen luchando por una mejora sustancial en la atención, convencidas de que el derecho a la salud debe ser prioridad para el Estado.
